ElGobierno sacó el Metro de Santo Domingo del Presupuesto del 2014. En el Proyecto de Presupuesto original, al Metro le habían asignado RD$2,600 millones para expandir la Línea II hasta la estación planificada en Megacentro, y RD$1,200 millones para su operación.
Esta última partida, sin embargo, es similar al monto que el Metro recauda anualmente por el cobro del pasaje, recursos que la OPRET reintegra totalmente al Gobierno y este se lo devuelve por vía presupuestaria. En el 2014, por tanto, el Metro tendrá que manejarse únicamente con los ingresos que le reporta la venta de pasajes, la cual, como es sabido, parte de una tarifa de RD$20 que incorpora un subsidio estimado en 36% del costo de operación real (RD$31.25).
El Gobierno ha tomado esta decisión porque necesitaba recursos para atender los reclamos de aumentos salariales de servidores públicos muy mal pagados. Los médicos, enfermeras, agrónomos, militares y policías merecen un aumento de salarios, y el Gobierno entendió que lo más adecuado era posibilitar el pago de los aumentos con los RD$2,600 millones que había asignado en el Proyecto de Presupuesto del 2014 para continuar con el desarrollo de la Línea II del Metro.
En un país donde no hubiese alguna fuente adicional de recursos para posibilitar el justo y necesario aumento de salarios de los servidores públicos, la decisión tomada por el Gobierno debería merecer el respaldo de todos. El Gobierno, aparentemente, no pudo determinar alguna fuente alternativa de recursos y por eso tomó la decisión de paralizar la expansión de la Línea II.
La extensión de la Línea II del Metro hasta el corazón del municipio Santo Domingo Este, iba a beneficiar a más de 200,000 dominicanos que viven en ese municipio y que todos los días enfrentan el viacrucis de trasladarse hacia la capital o a los demás municipios de la provincia de Santo Domingo, teniendo que destinar cerca del 30% de sus salarios para pagar el transporte.
El municipio de Santo Domingo Este es el más poblado del país: más de un millón de habitantes, el 10% de la población del país, reside en él.
La extensión de la Línea II del Metro se identifica perfectamente con una de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo: impulsar un sistema de transporte público masivo de pasajeros que responda a criterios de racionalidad económica y social, y reduzca la incidencia del gasto en transporte de los hogares.
Estamos conscientes de lo difícil que debió resultar para el Presidente Medina tomar esta decisión. Dejar esperando a más de 200,000 dominicanos -la mayoría pertenecientes a hogares de bajos ingresos, que tenían en esa extensión de la Línea II del Metro la esperanza de un alivio en el presupuesto de sus familias utilizando un sistema de transporte que les reconoce su condición de seres humanos-, y forzarlos a seguir realizando diariamente un costoso viacrucis para llegar a sus trabajos, debió ser una de las decisiones más dolorosas que ha tenido que tomar uno de los presidentes con mayor sensibilidad humana que ha tenido la República en toda su historia.
Lo más lamentable, sin embargo, es que tomar esta dolorosa decisión pudo haberse evitado. Y todavía puede evitarse. Lo único que necesita el Gobierno es poner en práctica el principio de justicia social con el cual está comprometido. Mientras cientos de miles de dominicanos que viven en Santo Domingo Este serían privados de un medio de transporte cómodo, seguro, con aire acondicionado y a un precio económico, otros que pertenecemos a segmentos de mayores niveles de ingreso y no usamos el Metro porque tenemos nuestros propios vehículos, estamos siendo subsidiados y privilegiados al poder comprar por internet, todo lo que se nos antoje, sin pagar aranceles de importación ni Itbis. Este privilegio, dicho sea de paso, no lo tienen los hogares pobres que no tienen acceso a internet. Cuando los pobres compran ropa y zapatos, se les cobra aranceles e Itbis. Tenemos un esquema impositivo aberrante: los que más tienen y pueden, están exentos de impuestos; los que menos tienen y pueden, no.
Los privilegiados debemos dar gracias al Gobierno por este trato que nos ofrece, pues los demás gobiernos de la región no se lo dan a sus ciudadanos mas conectados con la modernidad. Los gobiernos de Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y Argentina, han comprendido que todas las compras, sean físicas o por internet, deben estar sujetas al mismo régimen impositivo.
Derogando la exención impositiva inconstitucional plasmada en el Decreto No.402-05 para la compras por internet declaradas con un valor inferior a los U$200, el Gobierno obtendría ingresos por un monto que oscilaría entre RD$3,000 y RD$6,000 millones, dependiendo del nivel de subvaluación existente en esas compras. Con esa medida, basada en el principio de justicia distributiva que fundamenta las acciones del Presidente Medina, tendríamos los recursos para que los habitantes del municipio más poblado del país tengan el derecho a un sistema de transporte moderno, humano y económico. ¡Manos a la obra!
