Las restricciones de gastos de viajes y automovilísticos dispuestas por el Poder Ejecutivo esta semana es una ampliación achicada de las medidas de austeridad con las cuales la actual administración inició su gestión en agosto del 2012.Como la austeridad anterior no fue desmontada nunca, se asume que la circular emitida ayer por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, constituye una ampliación limitada de las medidas de ahorro establecidas por un año en el 2012 y prorrogadas por cinco meses más al cumplir los primeros 12 meses de vigencia. Dos decretos, el 499-12 y el 262-13, estructuraron las medidas de restricciones de gastos del gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina.
En agosto del 2012, cuando el presidente Danilo Medina tomó posesión, encontró un elevado déficit fiscal, motivado en parte por un elevado gasto electoral, lo que lo motivó a dictar el decreto 499-12, el día 22 de agosto, que estableció medidas de austeridad aplicables a todos los órganos que conforman la administración central del Estado, y a los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes.
Mediante ese decreto el Gobierno prohibió la asignación y uso de tarjetas de crédito a los funcionarios de alto nivel, y dispuso que cada tres meses las instituciones presenten estados financieros que permitan la evaluación del cumplimiento de las medidas. También dispuso reducir en un 20 por ciento el gasto por uso y asignación de celulares.
Asimismo, estableció que la asignación de combustible no excediera al 15 por ciento del salario o sueldo base del funcionario al que se le asignara el pago.
El decreto 499-12 también prohíbe los obsequios en sentido general, tarjetas de Navidad, distribución de canastas navideñas, con excepción de las que se realizaran a personas de escasos recursos a través de los órganos encargados de los planes asistenciales del Estado.
La medida encargó al Ministerio de la Presidencia de establecer un estricto control para que los viajes de funcionarios al exterior en misiones oficiales fueran “los estrictamente necesarios”.
Y estableció que en caso de que las medidas fueran violadas los funcionarios responsables serían destituidos y sometidos a la Justicia. Se asume que no hubo incumplimiento, porque no se conoció ninguna acción en ese sentido contra funcionario.
La medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2013 por el decreto 262-13. Aunque la austeridad ampliada cesaba a partir del 1 de enero del 2014, taxativamente nunca fue levantada, quedando su cese en una especie de discrecionalidad. Pero el manejo presupuestal del 2014, al menos en los cinco primeros meses del año, tuvo las características del período de austeridad oficial, con gastos controlados. El déficit fiscal, que fue la causa fundamental de la aplicación de los ajustes de gastos, se ha mantenido en los parámetros previstos por las autoridades fiscales, casi siempre por debajo en fracciones porcentuales.
Finjus y PC apoyan la medida presidencial
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, felicitó la iniciativa y consideró que con esa acción el Gobierno busca impedir que se aumente el déficit presupuestario. “Estamos en un año preelectoral y lo que creo que el Gobierno está buscando es que no pase lo que pasó aquí en el 2012 que el déficit se disparó. Entonces eso es muy saludable”, expresó. También la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, se mostró de acuerdo con las medidas.
