Falta un mes para que el presidente electo, Danilo Medina, asuma el mando.
Hasta ahora, uno de los temas que más han dominado la atención de quienes analizan la vida del país es una “necesaria” reforma fiscal, integral, dicen todos, para crear los instrumentos para solventar el déficit fiscal y los compromisos del gobierno por lo que resta del período y el año próximo.
Las diferencias más acentuadas tienen que ver con la forma de esa reforma. La mayoría de los enfoques refieren la ampliación de la base de los contribuyentes.
Pero también se da por sobreentendido que deben incluir renglones que están exentos.
También se habla de que el primero que debe ajustarse es el gobierno. Todo el mundo concuerda en que la nómina pública es supernumeraria.
El propio presidente electo lo ha reconocido, pero ha sido muy cauto cuando se habla de reducir empleos, y más bien aboga por estimular fuentes generadoras, que ayuden a un trasiego del sector público al privado.
Suena bonito, pero obviamente, conllevaría un proceso largo. Y para muchos urge la necesidad de que el gobierno también se ajuste.
Si actúa así, estaría acorde con la tendencia. Naturalmente, tendencia predominante en los países en crisis, como la mayoría de la Unión Europea, pero todavía por aquí seguimos pensando que estamos blindados.
Pero pocos insisten en que el momento es oportuno para adoptar políticas de austeridad, palabra que odian quienes detentan los más altos cargos.
Sin embargo, estamos en la transición política, y se supone que la mayoría de los funcionarios se van. No les dolería que los niveles salariales vigentes sean reducidos.
Lo mismo computa para quienes desean sacrificarse por el país acompañando al presidente electo en la gestión pública. Imaginamos que gustosamente acogerían una política de austeridad.
Va con los tiempos. Quizás no estaría de más que Medina estimule, en esa misma dirección, que los senadores terminen de aprobar el proyecto de ley de salarios para el sector público.
Sería una buena señal de la administración que comienza. l
