Dando continuidad a nuestra visión sobre las grandes reformas que debe emprender el país, hoy queremos tratar sobre el modelo económico dominicano. Un modelo que desde el año 2000 se ha caracterizado por su dependencia en el endeudamiento, aumentando la deuda pública de US$3.5 mil millones en el 1996 lo que representaba un 18% del Producto Interno Bruto a alrededor de US$25 mil millones al día de hoy, que es un 36% del PIB, según los datos más conservadores en este caso de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. Dicho endeudamiento, llevado a cabo durante tres gobiernos de dos partidos diferentes, esto no se ha traducido en mejoras notables para el pueblo dominicano y más bien ha ido a parar como sostén del populismo clientelar. Actualmente, el Gobierno representa el eje fundamental de la economía dominicana, lo cual no es sostenible en el tiempo y ya hemos visto ejemplos tan cercanos como el de Puerto Rico de lo que a la larga implica como consecuencia.
La plataforma de financiamiento a este modelo caduco ha sido la de sobrecargar al sector productivo nacional, cada vez más disminuido al tener que asumir constantes parches tributarios que han llevado a muchos negocios a la quiebra. Recientemente, vimos la aprobación de un anticipo del 50% del ITBIS en las aduanas con lo que el Gobierno busca dilatar una reforma, pero esto para las pequeñas y medianas empresas representa una pérdida significante de su flujo de caja. Muchas de estas no saben si recuperarán dicho monto que deberán anticipar, lo que las deja en una complicada situación económica. También se verá impactada la debida garantía jurídica al cambiar y pasarle por encima a varias leyes sectoriales, como es el caso de la Ley de Proindustria.
Como contra modelo a lo anterior, nosotros proponemos una amplia transformación.
Para comenzar, es hora de escuchar el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada por todas las bancadas congresuales y que establece la necesidad de una ley de responsabilidad fiscal que todavía no tenemos. Toca también revisar las restricciones porcentuales que limitan la conformación del presupuesto nacional, las cuales llegan hasta 56% cuando se incluye el pago de intereses a la deuda pública, lo que debe ir a estudio. Junto con ello, desde el año 2007 he trabajado en el Congreso junto a distintos colegas y organismos en la elaboración de una ley para las alianzas público privadas.
Esta sería una útil alternativa al endeudamiento en que se incurre para la construcción de obras públicas y fomenta la dinamización de la economía.
A lo largo de estos 16 años, la palabra reforma se ha ganado un estigma negativo, pero ya toca llevar a cabo una reforma fiscal integral. Esta no se trata de aumentar impuestos que golpean la industria, clase media y a los más pobres, sino de mejorar nuestras recaudaciones mediante simplificación de procesos y ampliación de la base tributaria. La última reforma de este tipo fue en 1992 y se logró el mayor aumento de las recaudaciones en los últimos 30 años, ademas dio inicio a la década de mayor bonanza económica en el país como lo fueron los años 90.
A primera vista, pudiese parecer que ofrecemos respuestas simples a problemas complejos. Y es cierto, es simple lo que hay que hacer para retomar el camino de aquel “Milagro dominicano” que se habló a finales del siglo pasado. Pero simple no es lo mismo que fácil y para esto se requiere de fuerte voluntad política, capacidad de consenso y clara priorización. No dejemos que sea una crisis que nos lleve a hacer lo que podemos emprender en paz y armonía.
