A estas alturas está claro que, al menos por el momento, no habrá pacto fiscal y tampoco integralidad en la reforma. Aunque es mejor que los que hemos visto en los últimos años, estamos ante un nuevo parche tributario. Y lo es más que nada porque le falta, más allá de una promesa, una propuesta concreta de gasto que apunte a superar algunas de sus características más perniciosas como la ineficacia, la ineficiencia y el desperdicio, la inequidad, la falta de transparencia, la discrecionalidad y el abuso en el uso de los recursos públicos.
Esta ausencia es suficiente razón como para objetar la propuesta gubernamental e insistir en un pacto fiscal justo, como lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. En la medida en que no hay un camino claramente marcado para sanear el gasto público, ni compromisos verificables, los nuevos ingresos apuntarían a seguir financiando un comportamiento estatal injustificable. Sin embargo, a pesar de que la evaluación de la propuesta del paquete tributario no debe realizarse al margen de lo que pretende financiar, discutir su naturaleza y sus componentes es ineludible. En ese sentido, en términos generales, aunque es la más progresiva que haya llegado al Congreso en los últimos años, su impacto distributivo es ambiguo. Gravará a la población pobre, a la de estratos medios y a la de mayores ingresos de una manera que es difícil discernir, a priori, el resultado. Y muy probablemente, cualquiera que sea, no será significativo.
Por una parte, la propuesta contiene figuras impositivas deseables que contribuyen a hacer el sistema tributario más progresivo. Una de ellas es el impuesto sobre los intereses recibidos por personas de altos ingresos. No obstante, los intereses que devengan los bonos públicos (Banco Central y Hacienda) no serían gravados, lo cual es una excepción que contraviene el principio de justicia tributaria.
Otra es la modificación del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Con la nueva figura, las personas deberán pagar por el valor de la totalidad de la riqueza inmobiliaria urbana que posean. Esto hace que las personas con mayor riqueza inmobiliaria contribuyan más con el fisco que aquellas con menor riqueza de ese tipo.
No obstante, la propuesta también contiene figuras que gravan a sectores de menores ingresos. Las dos más destacadas son el incremento en los impuestos sobre los combustibles y la inclusión de algunos alimentos de consumo masivo a la lista de aquellos gravados con el ITBIS. Los gravámenes sobre combustibles son quizás los más regresivos del sistema tributario dominicano porque el gasto en transporte tiene un peso elevado en la canasta de consumo de la población de menores ingresos. Adicionalmente, hay algo que es obvio: tiende a encarecer directamente la producción y el comercio, restando competitividad a la economía.
Por otra parte, hay al menos cuatro productos que serían gravados con el ITBIS y que tienen un peso relevante en la canasta alimentaria básica: aceites, azúcar, café y chocolate. Las altas recaudaciones por ese concepto y la facilidad con la que se recaudaría pudieron más que consideraciones distributivas.
Hay dos figuras que implicarán aumentos notables en la carga tributaria sobre los sectores medios: los nuevos gravámenes sobre los automóviles y el incremento al 18% de la tasa del ITBIS para productos ya gravados. Los pobres no tienen automóviles y los ricos podrán pagar el impuesto, pero los sectores medios, nueva vez, quedarán atrapados. A su vez, los cambios en los impuestos a alcohol y tabaco no tienen mayores implicaciones sobre el sistema tributario.
Por último, a excepción de los relativos a las energías renovables, la reducción de los beneficios tributarios a sectores específicos va en la dirección correcta. Los incentivos cuestan mucho, ganan unos pocos, y hacen poco por el país. Hay que cambiar la política de incentivos por una de promoción y apoyo a la transformación tecnológica. Además, el paquete incluye medidas cualitativas como las que buscan evitar que las empresas escondan ganancias usando otras empresas relacionadas, que mejoran la efectividad del sistema tributario.
En síntesis, la propuesta es un avance respecto a otros paquetes tributarios. Sin embargo, sigue siendo una reforma parcial que no satisface las ansias de cambios en la forma en que el Estado gasta. Además, se pudo haber hecho más para gravar menos a los pobres.
