El escenario está preparado para una discusión profunda del sistema fiscal-impositivo dominicano. Por supuesto que el debate formal no se realizará antes de las elecciones del 15 de mayo próximo.
Pero de que viene zumbando no hay dudas. Gobierno y sector privado están conscientes de que el esquema actual de las finanzas públicas no resiste más.
El presidente Danilo Medina, en una exposición reciente en la Cámara Americana de Comercio, anunció que luego de las elecciones de mayo se iniciarán las discusiones para el pacto eléctrico.
El ministro de Economía, Temístocles Montás, planteó luego la necesidad de un acuerdo público-privado para establecer de dónde obtener los recursos para financiar diversas demandas que se están planteando, como la asignación de un 5% del PIB al sector Salud.
Posterior a las declaraciones del presidente Medina y su ministro Montás, desde el sector privado han surgido sugerencias sobre el tema de la discusión fiscal. La deuda pública es el aspecto más citado.
Existe una atadura legal que dificulta cada año diseñar el Presupuesto. Hay alrededor de 26 leyes y disposiciones que asignan porcentajes fijos que comprometen de antemano el 66% del Presupuesto.
Hasta el momento, la posición reinante del sector privado, expresada a través de su órgano cúpula, el CONEP, es que se realice una reforma fiscal integral, que abarque ingresos y gastos. Los empresarios insisten en el tema de la calidad del gasto . Ayer la Asociación de Empresas Industriales de Herrera abogó por una “revolución fiscal”.
Desde el Gobierno se anticipa que hay un elemento que le está llamando la atención y es la cuantía del llamado gasto tributario, que es el volumen de ingresos que el fisco no capta por incentivos y exenciones que ofrece.
Por lo visto, los actores del debate tendrán que irse preparando a la idea de que en la negociación habrá que ceder para consensuar el pacto fiscal. l
