La propuesta de reforma tributaria resultó en un desastre político para el gobierno. La reacción inmediata era previsible, especialmente porque no había propuestas concretas y significativas en materia de disciplina y calidad del gasto público, y porque se enmarcó en un contexto de irritación generalizada por el ostensible abuso en el uso de los recursos públicos. Lo que no era tan fácil de imaginar era la intensidad del rechazo.
En este punto lo prioritario no es discutir la naturaleza de la propuesta tributaria, a pesar de que contiene elementos que deben formar parte de una reestructuración impositiva de mediano y largo plazo. Es lo urgente para el gobierno, pero no lo más importante para la sociedad.
No es que recuperar la capacidad recaudatoria del Estado no sea importante. De hecho, es crucial para financiar el desarrollo. Pero, precisamente por eso, porque se trata del desarrollo, hay que asegurarse que el gasto público tenga resultados deseables, concretos y medibles. En este momento, no hay garantías de que un mayor financiamiento público tenga esos resultados. Las declaraciones de intenciones son insuficientes. Se requieren compromisos firmes y verificables, y acciones inmediatas que, antes que zigzagear, marquen una ruta claramente identificable.
Tampoco es responsable ignorar las urgencias de corto plazo. En lo inmediato no hay riesgo de inestabilidad macroeconómica, pero no se deben postergar por mucho tiempo las acciones que reduzcan el déficit a niveles más sostenibles porque el costo de financiarlo podría crecer mucho a medida que los compradores de bonos perciban un incremento en el riesgo.
Sugerir, como lo ha hecho el sector social del CES, una propuesta presupuestaria inicial para 2013 sin nuevos impuestos no equivale a decir que no se reconoce esto y que se apueste por un Estado chico e incapaz, mucho menos a la inestabilidad. Después de todo, este es el sector que, en contraposición a algunos sectores empresariales, ha planteado reiteradamente la necesidad de incrementar la capacidad recaudadora del Estado al tiempo que se logra mayor equidad, a fin de fortalecer el gasto social y el apoyo a la transformación productiva. En esta ocasión no se desdice, sino que busca aprovechar la ocasión para lograr transformaciones de fondo.
Tampoco esa propuesta equivale a decir que la ejecución presupuestaria de 2013 deba terminar siendo igual a la inicialmente propuesta. La contracción del gasto es nociva para el crecimiento, el empleo y las oportunidades de negocios, y contraproducente para el mismo desbalance fiscal que busca corregir porque erosiona las fuentes de recaudación. Pero, como he escrito antes, es necesario dar el espacio necesario para asegurarnos que la recuperación de los ingresos no servirá para seguir alimentando una maquinaria partidaria y un Estado que no devuelve a la sociedad lo que debe. Si se aprueba un paquete tributario sin mayores miramientos, estaremos en el mismo punto que hace ocho años.
La oportunidad está servida para avanzar. La propuesta presentada por el gobierno no es de un pacto sino de una reforma puntual y parcial. Sin embargo, la sociedad organizada puede incidir para darle la orientación de mediano y largo plazo de la que todavía carece. Para ello el gobierno debe dar más señales inmediatas de las hasta ahora recibidas, las cuales podrían contribuir a devolver algún nivel de legitimidad al Estado. Pero además, hay que empezar a caminar en un proceso más largo de reforma profunda de la gestión presupuestaria que asegure al menos cinco objetivos.
Primero, dotar al fisco de la transparencia que la ciudadanía merece. No sólo se trata de un derecho, sino de un factor clave para medir la efectividad misma del Estado y sus intervenciones.
Segundo, dotar al fisco de normas e instrumentos para un efectivo control del gasto. El descontrol de los últimos años ha sido evidente. No es posible lograr finanzas públicas sostenibles sin que las instituciones responsables tengan la fuerza para contener al resto y a sus cabezas.
Tercero, avanzar, como se ha propuesto, hacia un presupuesto por resultados.
Cuarto, abrir al Estado y al fisco a la participación ciudadana, tanto en la definición de prioridades como en la vigilancia y en la participación en el cumplimiento de metas.
Quinto, establecer mecanismos claros de rendición de cuentas y un régimen de consecuencias.
