Dando continuidad a nuestra serie de artículos sobre las reformas que requiere el país, seguimos con la reforma política. El mes pasado tratábamos la vida interna de los partidos, ahora veremos la política general. A raíz del informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado por el ex presidente de Colombia Andrés Pastrana en el mes de septiembre, ahí quedaron reveladas las deficiencias de nuestro sistema electoral y para esta ocasión desde un ámbito Internacional. Ya han sido demasiado los procesos a los que hemos tenido que acudir sin reglas claras, lo que alienta una canibalización política perniciosa para la democracia dominicana.
Comenzando por el bicameralismo vigente, cada vez más impopular y costoso, creemos que para su justificación, hace falta un replanteamiento de la vía electoral. Por ejemplo, mientras el arrastre y la fórmula D’Hodnt sigan tan vigente como lo han estado en todos los procesos desde la institución del voto preferencial entre los candidatos a la Cámara de Diputados, no podremos tener un congreso verdaderamente representativo. Una separación de la boleta congresual de forma que el elector pueda escoger libremente sus candidatos a senador y diputado, es la mejor manera de garantizar el respeto al derecho de elegir, así como el de ser elegible al permitirle a los candidatos medirse directamente en las urnas con sus contrincantes a la misma posición.
El gasto exorbitante de las campañas electorales también requiere una profunda revisión, quizá la mayor. Necesitamos establecer topes al gasto, mecanismos de inspección sobre este, una duración prudente para las campañas electorales que no pueden seguir siendo de cuatro años completos, restricciones a la participación en política de funcionarios públicos, régimen de garantías, mayor vigilancia sobre los recursos públicos de forma que estos no entren en campaña y que se impongan y se apliquen sanciones importantes para quienes violen estas disposiciones.
Igual tenemos que debatir la inclusión de las franjas políticas en nuestro sistema de comunicación de radio y televisión para la promoción de candidatos. Popularizado en Chile, esto se refiere a que el Estado (JCE) sea quien compre los espacios televisivos que serán distribuidos entre los participantes según los parámetros acordados. Dada la poca penetración del único canal de televisión público en la audiencia dominicana (canal 4) y la evidente desproporción de la presencia de un sector en los medios por encima de todos los demás, esto pudiese ser una buena forma de garantizar un acceso más justo para todos los partidos.
Sobre la integración de los organismos de la justicia electoral, la dejamos para último no porque sea de menor importancia, sino porque estamos convencidos de que más allá de personas independientes y serias siendo sus integrantes, lo que debe ser la meta, también es fundamental que estos tengan pautas a seguir. En el pasado, quedó demostrado que hemos tenido personas sobresalientes por su honorabilidad sirviendo al país desde estas posiciones. Pero, ¿qué pasa cuando ya no están esas personas? Los humanos van y vienen, las instituciones quedan. El país necesita una Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral, libres de las directrices políticas coyunturales. Tras varios procesos de escogencia de la JCE por senados controlados por diferentes partidos PRSC, PRD y PLD en los que la opinión pública consideró que un sector y/o personas tomaron para sí estos organismos, ahora se tiene la oportunidad de enmendar y encaminarla hacia mayor credibilidad, necesaria para la supervivencia de la democracia. Esa credibilidad personal, para verdaderamente contribuir, deberá ser acompañada de normas adecuadas como el código electoral pendiente, para regular nuestra realidad política.
