Nuestro país tiene un admirable récord de no intervenir o agredir a ninguna otra nación. Siendo así, todas nuestras guerras han ocurrido en nuestro territorio.
Nunca hemos tomado territorios ajenos. Al contrario, hemos cedido territorio a cambio de la convivencia. No tenemos hostilidad, ni mayores conflictos con ningún otro país o ciudadanos de otro nacionalidad. Así mismo, nos hemos dotado de un sistema constitucional, que garantiza los derechos humanos.
Siendo así, resulta injustificado el financiamiento opaco, en unos casos y discretos, en otros, con fondos de instituciones u ONG extranjeras, a instituciones y a dominicanos y extranjeros residentes para influenciar las políticas públicas dominicanas en determinada dirección, específicamente en materia migratoria.
Las ONG financiadas desde el exterior están facilitando la entrada de inmigrantes contraviniendo nuestras leyes; están organizando a dichos inmigrantes dentro de nuestro territorio, violando nuestras reglas y están actuando para hacer de su presencia una permanencia eterna en nuestro país, en clara inobservancia a nuestras leyes, al mismo tiempo que reclaman soluciones jurídicas para legalizar lo que en el terreno tratan de lograr de hecho… Parece mentira que instituciones que se dicen amigas de los dominicanos tengan semejante agenda que contraviene las leyes legítimas de un país soberano y el abrumador sentir de este pueblo. Nuestra única falta parece consistir en ser un país pequeño y débil.
El Estado dominicano se ha visto desbordado por el problema migratorio con todas sus derivaciones internas y externas como resultado de su estructura clientelista, que promueve la proliferación de entelequias burocráticas y de cargos públicos improductivos, apoyado en el endeudamiento externo, lo que no le permite concentrar esfuerzos y recursos de manera efectiva. No debe sorprender, pues, que un estado clientelista desorganizado, no sea capaz de impulsar una política de orden en un asunto tan complejo.
Un primer paso que podríamos dar para intentar controlar este problema, es adoptar una política similar a la norteamericana en materia de transparencia. En el año 1942, los Estados Unidos establecieron un registro obligatorio en el Departamento de Justicia, a todas aquellas instituciones y personas que representasen un poder extranjero, o que actuasen apoyados con fondos provistos por entidades extranjeras, en un “rol político o cuasi político”. El registro no prohíbe per se este tipo de actividades “políticas o cuasi políticas”, simplemente exige un registro público para revelar el origen y utilización de fondos llegados del extranjero para permitir “una evaluación más precisa de parte del Gobierno y el pueblo norteamericano de las declaraciones y las actividades de estas personas”.
La transparencia es esencial en la democracia. Y el transparentar el financiamiento a personas e instituciones que regularmente toman posiciones públicas e impulsan políticas e iniciativas, en muchos casos, contrarias a la opinión mayoritaria de los dominicanos, es un ejercicio de sana institucionalidad democrática.
