El reglamento general para la aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, pendiente desde hace más de un año, establecerá reglas para el Consejo de Ministros y organizará la Presidencia y los nuevos órganos creados por la Ley, como los gabinetes ministeriales.Laure Ortiz, ex directora del Instituto de Estudios Políticos de Toulouse, Francia, y consultora del Ministerio de Administración Pública, afirmó en noviembre de 2012, que el reglamento, igual que la Ley “debe ser un conjunto de normas coherentes que exprese toda la política organizativa del Estado, fijando principios y criterios que tendrán que alimentar un plan de revisión y de restructuración de la administración pública”.
La catedrática en derecho público afirmó que el tema de la desconcentración y los convenios de gestión con los órganos autónomos y descentralizados son materias que no están reguladas en la actualidad y que la ley orgánica sólo menciona a nivel general, por lo que deben ser reglamentadas.
Transparentar el uso de los fondos públicos
La experta francesa agregó, que el reto mayor de esta ley es restablecer una unidad de la administración pública, sin la cual no hay transparencia ni control en el uso de los fondos públicos, “y si no hay control, no hay democracia”, subraya.
En aquel momento, planteó, la necesidad de formular una ley que limite el número de Ministerios, su sector, sus atribuciones y competencias, que aplique para los viceministerios y que precise cuáles son los organismos autónomos y descentralizados que deben ser adscritos a cada uno de los ministerios.
Borrador ya existe
Olivo Rodríguez Huertas, quien participó hace más de tres años junto a otros destacados juristas en los debates que dieron origen a esta legislación, dijo a elCaribe que el borrador del reglamento ya está listo y está siendo estudiado por la Presidencia.
Afirmó que esta ley es muy importante para el funcionamiento de la administración del Estado porque establece un conjunto de principios, a los que todos los órganos de la administración deben someter sus actuaciones.
Dijo que la normativa legal establece con claridad los controles que deben ejercer los ministerios y organismos autónomos adscritos, describiendo los poderes específicos de cada uno.
También consagra una serie de reglas que vienen a flexibilizar el funcionamiento de la administración pública, como son las figuras de la delegación de firmas y la delegación de competencias.
“Antes teníamos una administración pero no tenía las reglas que le dieran coordinación, unidad y coherencia en la parte administrativa”, expresó Rodríguez Huerta.
Uno de los mandatos de la ley orgánica es la racionalización de las instituciones administrativas, principio que también está consagrado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que busca evitar la duplicidad de funciones.
Olivo Rodríguez opina que una actividad comercial y/o financiera como la que desarrollan el Banco de Reservas o el Banco Agrícola, organizadas actualmente en forma de derecho público deberían regirse como sociedad de comercio.
Muchos opinan que la aplicación de los principios de racionalidad de la ley implica romper con la estructura clientelar que por décadas ha prevalecido en la administración pública, por lo que su implementación puede dilatarse tal como ocurrió con la Ley General de Migración, cuyo reglamento de aplicación fue elaborado diez años después de su creación, debido a los intereses que envuelve.
