El Tribunal Constitucional se reservó sobre el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep) contra la Ley 86-00, que fija y regula las tarifas de los colegios.
Al término de la audiencia, Rafael Rodríguez, representante de los colegios privados explicaron que las deudas por cobrar de esta instituciones educativos son de 2.6 millones de pesos promedio (solo colegios del Distrito 15-03), y argumentaron que cada vez son más los padres morosos.
En su solicitud, los 102 miembros de la asociación piden además que se anule lo establecido en los acápites F y G, del Código del Menor que prohíbe retener los documentos y notas a padres de estudiantes con deudas.
“El deterioro de la situación económica de los ciudadanos en los últimos tiempos, acoplado con la creciente voracidad del Estado ha devenido en aumentos importantes en las cuentas por cobrar de los colegios privados, que también se ven afectados por leyes que les impiden funcionar dentro de los parámetros económicos que les garanticen una rentabilidad aceptable para poder cumplir con sus compromisos de pago de bienes y servicios actuales y futuros”, dice un comunicado de la asociación entregado a la prensa.
El Ministerio de Educación pidió al alto tribunal presidido por magistrado Milton Ray Guevara, que se declarara inadmisible el recurso. El tribunal otorgó a las partes un plazo de 5 días para el depósito de conclusiones.
