Revolución de la Seguridad Social

En materia salarial, en la República Dominicana existe la tendencia de satanizar las excepciones, principalmente cuando se dan en el sector público. Es una actitud que se origina porque los casos especiales parecen un privilegio para un grupo selecto.

En materia salarial, en la República Dominicana existe la tendencia de satanizar las excepciones, principalmente cuando se dan en el sector público. Es una actitud que se origina porque los casos especiales parecen un privilegio para un grupo selecto.

Cuando un empleado de una institución pública diferente al Gobierno Central devenga un salario superior a otro servidor público de similar jerarquía o desempeño pero del sector centralizado se ve como privilegio, se critica como un caso irritante, cuando lo ideal sería abogar porque haya igualdad, pero elevando la paga deprimida al nivel de la más alta.

Pero no es así. La crítica queda solo en la desigualdad, como si la meta fuera preservar la pobreza, en lugar de procurar aumentar la riqueza.

Ese esquema parece tener asidero en el sistema de pensiones de los empleados públicos. Una serie de trabajos publicados por elCaribe sobre el sistema de pensiones muestra esa dicotomía o disyuntiva. Un dato importante resaltado en esas publicaciones da cuenta de que en el Ministerio de Salud Pública el grueso de los empleados, para más exactitud el 67%, tiene 60 o más años, que es la edad de pensión, pero que teme a la jubilación porque el nivel de paga con que se retirará es, en algunos casos, una tercera parte del último sueldo, sin cobertura de seguro médico ni cualquier otro incentivo que como empleado activo pudiera disfrutar.

Sin embargo, en el sector Educación, el de mayor concentración de empleados públicos, la situación es diferente, al menos para los docentes. Un profesor con 30 años de servicios, que debe ser la mayoría de los que tienen 60 o más años de edad, puede retirarse con el 100% de su último salario más los beneficios colaterales, como el seguro médico, y un fondo que puede llegar hasta RD$500,000.

Puede que no sea la maravilla, pero comparado con otros segmentos del sector público y hasta del país en general, debe entenderse como una diferencia muy favorable, que elimina en el empleado el temor a pensionarse cuando le llegue su tiempo. ¿Es esa una situación de privilegio que debe eliminarse? En justicia debería ser el norte, la dirección hacia donde debe caminar el sistema previsional del país. Pero para eso debe hacerse una revisión de la Seguridad Social. Y esa “revolución” requiere de otro comentario.

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