Mientras Roberto Rosario Márquez admite que hay dificultades en las relaciones con el Poder Ejecutivo, el juez José Ángel Aquino dijo que no es cierto que desde el Gobierno haya una actitud adversa hacia ese organismo. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosario Márquez, reconoció ayer que las relaciones entre esa institución y el Poder Ejecutivo no están en su mejor momento, pero auguró que la situación deberá cambiar, pues el país no necesita de situaciones como éstas.
La máxima autoridad de la JCE respondió en estos términos tras ser cuestionada sobre una información publicada ayer en elCaribe, en el sentido de que desde el Poder Ejecutivo parece que se obstruye la labor de esa institución.
“Sé que hay algunas dificultades, pero desde el pasado día 7 del mes de diciembre, tal y como dice la crónica de elCaribe decidí poner en manos del pleno esta situación”.
“He preferido excluirme del tema, y a tal efecto, por sugerencia mía, el pleno de la Junta Central Electoral aprobó a unanimidad, como dice la crónica de ese diario, la comisión integrada por los magistrados José Ángel Aquino y Eddy de Jesús Olivares, para que, en caso de que sea necesario, sean los únicos autorizados a tratar este aspecto con el Poder Ejecutivo”.
“Me había prometido no referirme más al presupuesto de esta institución. Ciertamente este tema no ha sido bien manejado y pareciera que las relaciones entre la Junta y el Ejecutivo no están en su mejor momento”, explicó el magistrado.
“De mi parte quisiera que si esa percepción en torno a la relación entre el Ejecutivo y la Junta existiera, desaparezca. Mientras tanto, como institución, el presupuesto asignado a la JCE por las instancias correspondientes es el que tenemos y con ese tenemos que trabajar”.
El juez Aquino niega desacuerdos
José Ángel Aquino, juez titular de la JCE, sostuvo que no es cierto que desde el Gobierno haya una actitud adversa hacia ese organismo.
Consideró que con la designación de una comisión que integran él y Eddy Olivares se “da por terminada la línea de confrontación inapropiada e innecesaria que predominó en el proceso de aprobación del presupuesto”.
“Siempre he entendido que no es confrontando con el Gobierno como se gestionan este tipo de presupuesto, es negociando, es planteándole sinceramente las propuestas que tiene la institución como lo hemos hecho con otros gobiernos y no veo porqué haya que modificar esa conducta”, manifestó Aquino.
De igual forma, agregó que “personalmente siempre he estado en contra de producir un acoso mediático contra las instituciones y específicamente contra el Gobierno central”.
Afirmó que la actitud que asumió la JCE por la reducción de la partida asignada en el presupuesto de este año no fue la más adecuada y que por eso saludó la decisión que tomó el pleno con la designación de una comisión para armonizar con el Gobierno.
Igualmente, la miembro titular del organismo Rosario Graciano de los Santos, también abogó para que exista armonía entre la JCE y el Gobierno central.
“Lo que pienso es que desde el Ejecutivo y la Junta debe tratarse de armonizar y deben auspiciar la armonía”, expresó.
Medidas para enfrentar el déficit presupuestario
Debido a los recortes que sufrió la JCE en su presupuesto para este año, fue necesario cerrar las oficinas en el exterior y aumentar el precio a la mayoría de los servicios que ofrece.
Roberto Rosario ha gestionado reunirse con el presidente Danilo Medina para plantearle la necesidad de mayor presupuesto, como lo hicieron representantes de otros organismos descentralizados, entre esos los presidentes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, Mariano Germán Mejía, y Milton Ray Guevara, respectivamente.
Empero, en la JCE corre la versión de que se recela la gestión de Rosario Márquez, “por viejas contradicciones entre parte de los funcionarios del Gobierno que despachan desde el Palacio Nacional y varios senadores que tradicionalmente le han adversado, y que incluso, se opusieron a su elección en el Senado”.
La entidad solicitó un presupuesto para el año 2013 de RD$4,549,484,566.00, pero sólo le asignaron RD$2,650,895,000.00.
A los partidos políticos les corresponden RD$805,043,460, que deben ser entregados a través de la JCE.
