La cúpula empresarial y el Gobierno acordaron contratar varias firmas internacionales de relaciones públicas y de “lobby” para enfrentar la ofensiva contra el Plan de Regularización de Extranjeros en situación de ilegalidad. La idea, según los voceros empresariales, es aprovechar también la ocasión para promover una “marca país” y atraer nuevas inversiones para acelerar el crecimiento de la economía.
La iniciativa me parece muy oportuna y merece ser apoyada. El hecho de que el costo de este esfuerzo de promoción sea compartido por las partes, según se ha informado, denota, sin lugar a dudas, un compromiso por ambas partes en la defensa del buen nombre de la República Dominicana en el exterior. Proyecta además una clara visión del sector público y privado sobre la importancia de echar a un lado las diferencias que pudieran existir en el manejo de las prioridades, a favor de la que parece ser la más importante y urgente de todas ellas. Me refiero a la situación que el país encara en la comunidad internacional con respecto a su reclamo de soberanía en materia de definición de políticas migratorias.
A ciencia cierta no sabemos cuántos ilegales se encuentran en el país. Cualquiera sea la cifra, es evidente que se trata de un problema de magnitud que escapa a la capacidad nacional para asimilarla. La inmigración masiva y creciente durante años ha creado una situación muy compleja en el plano diplomático a nivel internacional, enrareciendo las relaciones con Haití, y político, económico y social a nivel nacional, produciendo un desplazamiento de mano de obra. Esto ha traído consigo un empobrecimiento del salario y una baja en la calidad de los servicios públicos. El Gobierno ha sido firme en la defensa del derecho nacional a decidir, sin injerencia foránea, en materia migratoria. La adhesión del sector privado es de enorme valor en el esfuerzo por situar el conflicto en su justa perspectiva.
