Cuando se analizan los números del proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el próximo año, se puede observar que el Gobierno de Danilo Medina está haciendo un extraordinario sacrificio para darle prioridad a la inversión en educación, en cumplimiento de la ley que manda a destinar a ese sector el 4% del producto interno bruto (PIB).
En términos porcentuales, el presupuesto de gastos para el 2014 ascendente a RD$605,070.6 millones, equivale al 22.1% del PIB.
De ese procentaje, se destinará 2.4% para subsidios, especialmente al asector eléctrico y 6.4% para pagar capital e intereses de la deuda pública.
Entonces, queda por ejecutar 13.3% del PIB, equivalentes a RD$362,902 millones.
De esa cantidad, el Gobierno destinará 4% del PIB, es decir, RD$109,169.1 millones al Ministerio de Educación y sólo le quedará el 9.3% del PIB para el resto de todos los compromisos operativos del Estado, es decir, apenas RD$253,733 millones.
Entonces, es materialmente difícil que el Gobierno le pueda dar cumplimiento a los mandatos legales de otorgar 2.6% del PIB al Poder Judicial, o 10% de los ingresos fiscales (casi 2% del PIB) a los ayuntamientos, entre otros compromisos presupuestarios establecidos por leyes especiales.
Esta situación es verdaderamente lastimosa, y hasta cierto punto justifica, aunque no con razón, la resistencia de las autoridades pasadas a dar cumplimiento al mandato legal de asignar 4% del PIB a Educación, no porque no lo mereciera, sino porque su cumplimiento implica constreñir demasiado las asignaciones presupuestarias del resto de las entidades públicas, dada la baja presión tributaria.
Aún así, el presidente Medina mantiene su compromiso por segundo año consecutivo. Nuestra esperanza es que se establezcan mecanismos para garantizar mayores intresos al Estado, sin la necesidad de crear nuevos impuestos. Para eso es preciso hacer más efectiva la gestión tributaria. l
