Sanciones ejemplarizadoras

Los dominicanos hemos presenciado un hecho singular, insólito, en el que agentes de la digna Policía se constituyeron en turba y asaltaron…

Los dominicanos hemos presenciado un hecho singular, insólito, en el que agentes de la digna Policía se constituyeron en turba y asaltaron el Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, violaron todos los controles y liberaron a uno de sus compañeros que había sido objeto de una medida de coerción.
Las autoridades judiciales y la población no podían entender la irrupción amenazante, con armas en ristre, dispuestos a disparar.

La repulsa a este hecho tiene que ser general, porque constituye un acto de rebeldía, de alta peligrosidad, toda vez que se lleva de encuentro el artículo 255 de la Constitución que define la misión de la Policía como “cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”.

Y esos policías, que barrieron con la disciplina interna, humillaron al Poder Judicial y se colocaron al margen de la ley, son una amenaza, pues como una banda cualquiera, decidieron hacerse justicia e imponerse por la fuerza. No sólo deliberaron, fueron beligerantes.

Y peor aún, su comandante, el general Miguel Raúl de la Cruz Reyna, ha actuado con una prepotencia que espanta, no sólo reivindicando la justeza de la acción, sino también criticando a la sociedad dominicana, la cual, según él, no entiende las acciones policiales. Se atribuye toda la responsabilidad de los hechos y reclama que las acciones condignas recaigan sobre él. No se conformó con estimular los hechos, sino que todavía ayer, los defendía ardorosamente.

Pese a todo eso, la jefatura policial reaccionó con paños tibios. Dispuso medidas cautelares contra sólo 23 agentes, algunos movimientos en el tablero y trasladó inicialmente al general De la Cruz Reyna. Posteriormente anunció que lo dejaba sin funciones, en Santo Domingo, a disposición de la jefatura. Ese general lo que se merece es la expulsión, junto con los demás involucrados.

Estos  hechos  alarmantes  requieren sanciones ejemplarizadoras, más allá de un discurso lleno de simples advertencias de precario valor.

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