El sector agropecuario nacional recomendó declarar el 2016 como año de la titulación y robustecer el presupuesto de la Jurisdicción Inmobiliaria.También pidió decretar una amnistía fiscal por tres años para estimular la regularización de las determinaciones de herederos, transferencias, deslindes y radiación de gravámenes.
En cuanto a la Jurisdicción Inmobiliaria, las organizaciones que componen el ramo agropecuario de República Dominicana han identificado la necesidad de contratar 80 nuevos profesionales para esa institución. Ese personal incluiría las tres fases técnicas de la Jurisdicción que son: Mensura Catastral (en la fase técnica); la parte judicial, que concierne a los tribunales, y la fase registral (los registros de títulos).
El pedido surgió como parte de las conclusiones del XVI Encuentro Nacional de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), dadas a conocer ayer.
“Se han identificado recursos tecnológicos para esos profesionales que entrarán y la necesidad de completar la colocación de las redes geodésicas”, dijo el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, en una rueda de prensa. Una red geodésica es un conjunto de puntos ubicados en la superficie terrestre, en los cuales se determinan la posición geográfica diferencial (latitud, longitud y elevación) mediante el uso de receptores GPS. “En el país existen cuatro redes geodésicas, que son una especie de antenas, y se necesitan 32”, aseguró Benítez. “Es decir, que faltan 28. Eso tendría un costo estimado de RD$40 millones. Hasta ahora ha habido una disposición del Gobierno de apoyar en ese tema”, dijo el directivo de la JAD.
Agregó que cuando los representantes agropecuarios del país se reunieron, concluyeron en que la población desconoce los procedimientos para titular sus predios y viviendas; que la titulación debe ser parte de una estrategia integral con enfoque territorial para los planes de desarrollo y que ese tema debe ser prioritario en las políticas públicas.
De acuerdo al documento presentado y leído por Benítez (que según él, ya le fue entregado al presidente Danilo Medina), hay muchas tierras que deben ser saneadas, altos costos para los procesos en la Jurisdicción Inmobiliaria, procesos tediosos, innecesarios y largos, falta de unidad de criterios y comunicación entre las instituciones del sistema, creando dificultades a los usuarios; errores materiales y una cartografía catastral incompleta y obsoleta. De acuerdo a los cálculos realizados, actualizar esa cartografía costaría unos US$30 millones al Estado.
Hay quejas por la forma como caminan procesos
Lo explicado por el presidente ejecutivo de la JAD indica que “persisten las altas tasas para los servicios de la jurisdicción, una excesiva burocracia, limitaciones fiscales (por parte de la Dirección General de Impuestos Internos) y limitaciones ambientales (conflictos de propiedad en áreas protegidas)”. Recomendó diseñar y ejecutar una campaña de sensibilización y concienciación sobre la titulación de tierras y transparentar los procesos.
