La litis por los terrenos expropiados en Bahía de las Águilas, provincia Pedernales, tiene dos vertientes: la inmobiliaria y la penal.El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, aseguró ayer que a pesar de que el Gobierno plantea un acuerdo en la litis de los terrenos de Bahía de las Águilas, el proceso penal contra quienes se apropiaron de esa zona de manera ilegal, no se detendrá.
“En el presente caso no se premiará a quien hizo trampa o fraude contra el Estado, por lo que aseguramos que el proceso penal seguirá en los tribunales”, dijo el magistrado en un comunicado de prensa.
Domínguez Brito también resaltó que “hay un compromiso del Gobierno de hacer las cosas bien y pueden estar seguros que se respetará la ley”.
Agregó que “hasta ahora no hay intención de ningún sector gubernamental de premiar el fraude”.
Protegerán áreas verdes
El jefe del Ministerio Público indicó, además, que ese ecosistema, único en el Caribe, será defendido bajo cualquier circunstancia dentro del marco de la ley durante el desarrollo de la zona.
El Gobierno asegura que mantendrá la integridad del Parque Nacional Jaragua, en donde se encuentran los terrenos de Bahía de las Águilas.
Parte de los implicados en el caso son el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Jaime Rodríguez Guzmán, Reyna Margarita Martínez y Rafael Rodríguez (todos en libertad). En sentido concreto están acusados de la expropiación de miles de tareas de playa en el Parque Nacional Jaragua, Pedernales, y en Cabarete, Puerto Plata, empero, a su favor se había declarado extinta la acción penal, lo que fue recurrido en casación por la Fiscalía del Distrito Nacional.
La audiencia será ventilada en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, el 4 de marzo.
Domínguez Brito expresó también que dicho territorio es un patrimonio de la humanidad y que el país cuida de él, al mismo tiempo de promover el desarrollo turístico de toda la zona sur, lo que se traduce en desarrollo y riquezas para la nación. Consideró que debe valorarse el esfuerzo que realiza el presidente Danilo Medina y el Gobierno para que los dominicanos que habitan en el sur profundo tengan oportunidad de trabajo y mejor calidad de vida.
Consideraciones de derecho
El especialista en derecho inmobiliario Robinson Cuello aseguró que la transacción a la que se refiere el Estado dominicano en la litis de los terrenos de Bahía de las Águilas busca cesar el proceso “inmobiliario”, sin embargo, entiende que este posible acuerdo no alcanza la parte penal.
Explicó que la decisión de las autoridades es la más idónea a corto plazo, partiendo de que se quiere explotar la zona y que los terceros fueron “compradores de buena fe”.
Manifestó que esta decisión política resulta ser un tanto compleja y agregó que las transacciones están revestidas de legalidad en el Código Civil Dominicano, pero esto implica un desistimiento recíproco de los recursos incoados ante los tribunales.
El Gobierno anunció que realizará acuerdos de transacciones con los supuestos propietarios de los terrenos en litis, pagándoles el 45% del valor, a los fines de terminar el impasse.
Sobre la sentencia de octubre del año 2012
En la sentencia número 273-2012 del 8 de octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró extinto el proceso de Bahía de las Águilas, y explica que a la Fiscalía del Distrito Nacional se le intimó para que se presentara por ante el juzgado a reformular la acusación, y no lo hizo. Agrega que por múltiples razones que competen al acusador el caso fue pospuesto. El caso se empezó a investigar por una querella del entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), el actual senador Wilton Guerrero, el 18 de marzo de 1997.
Los jueces Sarah Veras, Ingrid Fernández y Teófilo Andújar explican que el 24 de octubre de 2011 aplazaron la audiencia a los fines de que el Ministerio Público reformulara o no la acusación y luego la volvieron a suspender para que el fiscal de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) esté presente, lo que no ocurrió, por lo cual fue intimado.
Al presentarse a la audiencia, el representante de la DPCA dijo que debía estar el fiscal investigador. Así fue manejado el caso por las autoridades que hoy recurren en casación.
