El presidente Danilo Medina necesita sacar a la República Dominicana del momento difícil en que se encuentra a nivel internacional. La aplicación salvaje de principios constitucionales, jurídicamente desfasados, insensatos, coloca al país como una nación que ultraja y pisotea los derechos humanos frente a los extranjeros, principalmente los inmigrantes haitianos, cuando la realidad no es así. Todo lo contrario hemos sido un país solidario, ofertando salud, educación y trabajo a los haitianos durante toda la existencia de ambos Estados. Pero dejar sin patria a gente que nació en Santo Domingo “de golpe y porrazo” es un acto de barbarie propio de la era cavernaria. Hay que buscarle una solución a ese tema. Y una amnistía general, con borrón y cuenta nueva, puede ser la clave. Necesitamos implementar un borrón y cuenta nueva con seguridad fronteriza y reforma migratoria, libre de prejuicios raciales, que regule humanitariamente la presencia extranjera en el país.
Es evidente que al Estado dominicano le hace falta un instrumento jurídico válido para enfrentar el problema domínico-haitiano. Lo mismo sucede con los Estados Unidos frente a México. Y con casi todos los países fronterizos. El fenómeno domínico-haitiano no es nada exclusivo. Por eso hay que analizar la situación de las migraciones con una visión fresca, moderna y amplia. La sentencia 168/13 es un instrumento válido, pero amparada en lineamientos jurídicos constitucionales desfasados, obsoletos, aplicar la ley en forma retroactiva invalida todo su accionar. Una ley migratoria justa aplica para lo porvenir.
Resulta cuesta arriba ignorar la vida de miles y miles de seres humanos que desde 1929 hasta ahora (84 años) han desarrollado su existencia, sin papeles, procreando hijos y familias, en la República Dominicana. Castigar sus descendientes es abusivo, desgarrador, inhumano. Me imagino que habrá hijos de chinos, españoles, franceses y de todas las nacionalidades en idéntica situación. El problema no es solo con los extranjeros haitianos, aunque la mayoría sí son haitianos. Lejos de resolverlo, la Constitución del 2010 perpetúa el problema y lo profundiza, cuando debió servir para corregirlo al decretar una amnistía, reforzar la seguridad en la frontera y crear una nueva ley de migración juiciosa, sensata y moderna.
Con la aprobación del proyecto de reforma migratoria en el Senado, en este año, Estados Unidos ha dado un primer paso fundamental. Queda ahora pendiente en la Cámara Baja. Son 13 millones de indocumentados, especialmente latinos, que esperan esta nueva legislación. La mayoría mexicanos. Lo mismo sucede en la República Dominicana, a menor escala, hay más de medio millón de haitianos, la mayoría indocumentados. Unos que llegaron sin papeles y otros que nacieron hijos de indocumentados. ¿Qué culpa tienen de haber nacido en RD? Son 169 años de independencia dominicana, sin reglamentación adecuada de la vida fronteriza con Haití, el Estado vecino con 212 años de existencia. La naturaleza inseparable de los Estados fronterizos obliga a pactar acuerdos, negociar soluciones. Sólo así se garantiza una coexistencia sana, pacífica.
Haití, con sus diez millones de habitantes, sin tierras para cultivarla porque la deforestación acabó con sus ríos, más sus malos y tiránicos gobernantes corruptos, ha tenido en la República Dominicana un vecino solidario. Los haitianos miran a la República Dominicana como su refugio natural. Y así es y será siempre. Ellos emigran, como lo hace el dominicano a Nueva York, en busca de mejor vida. Son la mano de obra barata para cortar caña, sembrar café y hacer construcciones. En Nueva York, el dominicano es taxista, bodeguero, barbero o empleado de restaurant. A escala nacional, el mexicano es la principal mano de obra barata en Estados Unidos.
Cada país tiene su regla de juego para administrar el problema migratorio. Pero el tema es siempre de carácter internacional porque toca los derechos y deberes de extranjeros. El hecho de que Estados Unidos haya iniciado un proceso de reforma migratoria arroja mucha luz y brinda un buen referente internacional.
Como potencia mundial será un referente fundamental para todos los países del Caribe, América Latina y Europa que tienen problemas fronterizos. Lo dramático de la situación es que en pleno siglo XXI todavía haya gente “sin patria”, sin ciudadanía, por falta de instrumentos jurídicos apropiados para definir su estatus legal, su nacionalidad.
Sería interesante conocer cuántos médicos, abogados, ingenieros haitianos se han graduado en universidades dominicanas. La inversión millonaria en educación que hace el Estado dominicano con los hijos de ilegales haitianos y/o cualquier extranjero debe estar al servicio de la República Dominicana. Los “dreamers” o soñadores haitianos que viven, trabajan y sienten como dominicanos no deben ser expulsados de su país, así por así. No conocen otra nacionalidad, no tienen adónde vivir. ¿Son hombres y mujeres sin patria, sin suelo, sin sangre, sin nacionalidad ni ciudadanía? Claro que no.
