La Seguridad Social cumplió 13 años de vigencia, período en el cual se ha avanzado en la afiliación de más del 60% de la población con derecho a ser afiliados.
Pero en esos 13 años también se cuestiona su real efectividad, mientras se observan estancamientos en puntos fundamentales para su desarrollo.
La cuestionable efectividad de la Seguridad Social en cuanto a la cobertura de salud y las pensiones fue puesta de manifiesto en los reclamos para que la Ley 87-01 sea modificada, a fin de adecuarla a nuevos requerimientos y hacerla más viable y beneficiosa para los asegurados.
Un ejemplo de ello es la denuncia de sectores sindicales en el sentido de que en los años 2013 y 2014 los copagos ilegales por servicios a través de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) ascendieron a RD$21,752.0 millones.
Dicha suma es dos veces más que la contribución legal de los afiliados.
Para los sectores sindicales, los copagos ilegales constituyen una barrera real al acceso a los servicios de salud y una distorsión al objetivo de la Ley 87-01 de reducir el gasto de bolsillo por parte de los afiliados.
Las demandas
Durante el año que concluye fueron notorias las demandas para la definición e implementación de una serie de estrategias, tales como el Primer Nivel de Atención como puerta de entrada a la Red Nacional de Salud, el Fondo Nacional de Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito (Fonomat), la ampliación de cobertura del Plan Básico de Salud (PBS), la extensión de cobertura, la inclusión de nuevos procedimientos y el aumento de límite de RD$3,000 en medicamentos al año.
Igualmente, se ha planteado la reestructuración del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), las Estancias Infantiles, Seguro Familiar de Salud para pensionados y jubilados, así como el Régimen Contributivo-Subsidiado, llamado a beneficiar a 1,255,000 profesionales y técnicos independientes, y a los trabajadores cuentapropistas.
Igualmente, las autoridades han señalado que el sistema deja de recibir una cantidad de dinero estimada en más de RD$1,300.0 millones al año debido a la elusión por parte del sector empleador.
El veto en el CNSS
Uno de los puntos que más ha sido cuestionado es el derecho al veto en el consejo Nacional de la Seguridad Social, ya que importantes iniciativas se encuentran paralizadas por la oposición de algún sector, sobre todo el empresarial.
Ante esa realidad, instituciones como la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (Dida) y el Colegio Médico Dominicano han planteado la modificación de la Ley 87-01 a fin de que solo el gobierno tenga derecho al veto.
Pensiones y jubilaciones
Otro tema que estuvo en discusión y que se traslada al año próximo es el de las pensiones, pues la Superintendencia de Pensiones dispone de un enorme capital que hasta abril de este año ascendía a casi RD$265 mil millones.
Sin embargo, desde que se inició el sistema de pensiones en el país, más del 50% de los afiliados no cotizan.
Esto significa que más de la mitad de los que se supone que son protegidos por el sistema previsional no recibirán pensiones cuando se retiren, o recibirán una pensión precaria.
Este año se han otorgado 4,241 pensiones por discapacidad y 4,588 por sobrevivencia.
Plantean reducir las ganancias de las AFP
Diversos sectores se han planteado impulsar para el próximo año acciones tendentes a la reducción de las comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones, así como la indexación de las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor y el aumento de las cotizaciones para acelerar el crecimiento del fondo de pensión.
Con esto se busca evitar pensiones de miseria al momento del retiro de los trabajadores. Hace más de un año, la Cámara de Diputados aprobó la reducción a un 15% de la comisión de las AFP, pero la iniciativa murió en el Senado de la República.
Las centrales sindicales estiman que dicho olvido legislativo priva a los trabajadores de unos RD$1,131.6 millones al año. “Las centrales sindicales damos nuestro respaldo al proyecto de Ley que procura reducir de un 30 a un 15% la comisión que cobran las Aseguradoras de Fondos de Pensiones y que estas tienen que entender que es necesario reducir las excesivas sumas de dinero que cobran en detrimento de los fondos de pensiones, siendo las AFP el sector de la economía del país que obtiene mayor rentabilidad y se debe a que cobran un 30.01% de comisiones sobre el patrimonio administrado, lo que está muy por encima de los países de América Latina, que cobran 1.39%”, expresó el sindicalista Rafael Abreu.
