Sería imperdonable

Hasta que el presidente Danilo Medina firmó el decreto 286-13, mediante el cual se creó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, la mayor preocupación de algunos empleadores eran las excesivas demandas de…

Hasta que el presidente Danilo Medina firmó el decreto 286-13, mediante el cual se creó la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código de Trabajo, la mayor preocupación de algunos empleadores eran las excesivas demandas de trabajadores patrocinadas por abogados inescrupulosos que como plaga atacaban a las empresas. La queja es que la actual legislación tiene resquicios que propician esa situación. Una modificación en ese sentido debe ser ponderada.

Creada la comisión y adelantados los trabajos, han surgido versiones que de confirmarse darían razones para justificadas alarmas. Por ejemplo, pretender extender la actual jornada laboral de 8 horas diarias, es un absurdo, un verdadero retroceso. En ningún país de la región, y más allá ni pensarlo, existe nada por encima de las 48 horas, y la tendencia en Centroamérica es hacia abajo.

Lo mismo ocurre con la pretendida demanda patronal de alargar el período probatorio hasta seis meses. Todo el mundo sabe que en mucho menos de tres meses se tiene una evaluación de desempeño. Pedir seis meses de prueba sería obsceno. Revela una pobreza espiritual indigna de buenos empresarios. Sería por unos pesos más. Nos negamos a creerlo.

La propuesta que parece más irritante es la relativa a la eliminación de la cesantía, en una sociedad que pese al crecimiento de su economía en la última década vio empobrecer a sus trabajadores. Esa indemnización está vinculada al derecho que se le concede al empleador para despedir a un servidor. Eliminarla sería contraproducente. La alarma del ex vicepresidente Rafael Alburquerque es comprensible.

La reforma de un Código no puede ser obra única de unos comisionados. Debe ser discutida con la sociedad. ¿Por qué tanto secreto? Las conclusiones, tan pronto sean entregadas al Presidente de la República, deben ser asimismo presentadas a la sociedad.

El Gobierno ha dado garantías de que los derechos de los trabajadores no serán disminuidos. Eso está bien. Pero lo ideal sería que los dominicanos no permitan que eso ocurra. Costó demasiado sacrificio y lucha derribar el Código Trujillo de Trabajo. Retroceder sería imperdonable.

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