El vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños, elogió ayer el desempeño de la Oficina Nacional de la Defensa Pública y argumentó que es uno de los actores del sistema que mejor ha sabido interpretar cuál es su función.
“La Defensa Pública ha sobresalido frente a los demás actores del Sistema de Justicia y por eso se ha contemplado la posibilidad de que no limite sus servicios únicamente a los imputados penales. También se está estudiando la posibilidad de que pueda defender, si se le asignan los recursos porque la ley y la Constitución lo prohíbe, a las víctimas en el proceso penal”, dijo.
Estas afirmaciones las emitió Tulio Castaños durante el Primer Foro Nacional de Organizaciones para el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerabilizados, donde además destacó que no se ve bien que el Gobierno tenga que llamar a sus funcionarios a hacer la declaración jurada de bienes, porque eso es una obligación y de no hacerla se viola la ley.
“La ley establece cuáles son las consecuencias para quienes no cumplen con la Ley de Declaración Jurada y va desde la suspensión de salarios hasta recomendar su destitución. No es correcto que en este país, luego de haber concluido un gobierno, más de dos mil funcionarios no hayan hecho la declaración”, aseveró.
También, la directora ejecutiva del movimiento cívico Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, dijo que “los funcionarios que no hayan realizado su declaración de bienes jurada por los cuatro años de gobierno pasado, no deberían dárseles o permitírseles cargos en instituciones públicas”.
El Primer Foro Nacional de Organizaciones para el acceso a la Justicia de Grupos Vulnerabilizados, que inició ayer y concluye hoy, busca dar respaldo a personas que son discriminadas y a quienes no se le respetan sus derechos o son rechazados por prejuicios sexuales y culturales.
