Someten ante el Constitucional recurso contra ley de Hábeas Data

Tres entidades sometieron ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición de la ley 172-13 de hábeas data que, según entienden, excluye a los organismos de seguridad de este control.

Tres entidades sometieron ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición de la ley 172-13 de hábeas data que, según entienden, excluye a los organismos de seguridad de este control. La Fundación Prensa y Derecho, el Consejo Dominicano de Derechos Humanos y la Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales, a través de Namphi Rodríguez, uno de sus abogados, explican que el artículo cuatro de la referida norma establece que no se puede ejercer el hábeas data sobre los bancos de datos de organismo de persecución, lo que entienden no es correcto porque la efectividad de los derechos fundamentales no es relativa.

Explicó que este artículo impide que aquellas personas afectadas por una información (“ficha”) incorrecta o falsa puedan acceder a los bancos de datos de los “organismos de inteligencia e investigación” para corregirla o suprimirla como lo garantizan los artículos 44 y 70 de la Constitución de la República.

Los accionantes solicitaron al Tribunal Constitucional que emita una sentencia interpretativa donde deje claro que los organismos de seguridad están sujetos a la ley y así se pueda enmendar lo hecho por el Poder Legislativo
También pidieron que esa interpretación se haga extensiva para los artículos: cuatro, párrafo segundo, cinco numeral seis literal C; artículo ocho del párrafo tercero, entre otros por violación a los artículos ocho, 38, 40, 43, 44, 70 y 74 de la Constitución.

Además, solicitaron que esta sentencia sea exhortativa y que se le dé un año al Congreso para que modifique el artículo 29 de la ley orgánica sobre protecciones de datos de carácter personal a los fines de crear un órgano rector independiente que guarde vinculación con los derechos fundamentales tutelados. Rodríguez alertó  también que la legislación representa una seria amenaza para la libertad de información.

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