La organización de la sociedad civil dice que los cobros van desde los RD$300 pesos hasta los RD$25 mil. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) depositó ayer, ante el Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución de la Junta Central Electoral, que dispone un cobro “excesivo y exorbitante” por la expedición de los actos del estado civil y otros documentos, tales como las actas de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción y la cédula de identidad.
En su recurso, la institución que dirige Trajano Vidal Potentini pide como medida cautelar suspender en lo inmediato “el cobro ilegal de impuestos percibido por la Junta”.
Potentini deploró que la JCE cree impuestos disfrazados de tasas por el acceso y expedición de documentos vitales para el desarrollo de las principales actividades de la población, ya que es, a su entender, una violación a derechos fundamentales.
