Los mal llamados fuegos artificiales, ciertamente son fuegos, pero de artificiales no tienen nada. Son muy reales y cada año abarrotan las salas de emergencia y las unidades de quemados de los hospitales y las clínicas de nuestro país.
Y lamentablemente, la mayor parte de los lesionados son menores de 15 años de edad, es decir que estos fuegos afectan principalmente al segmento más indefenso de la población: los niños.
Se convirtió en una nefasta tradición en época de Navidad, y de manera especial los días 24 y 31 de diciembre, el uso de estos fuegos, no sólo en eventos y actividades públicas, sino principalmente el uso privado en jardines, patios y calles por parte de niños y sus padres, como una forma de entretenimiento.
Las constantes quejas externadas por traumatólogos, oftalmólogos, psiquiatras, pediatras, representantes de la Sociedad de Cirugía Pediátrica, miembros del Colegio Médico Dominicano, padres preocupados y muchas personas más, dieron lugar a que los legisladores tomasen en cuenta los peligros que representa esta actividad y finalmente produjesen una legislación para prevenirlos.
Por ello, desde el 2009 tenemos vigente la Ley 340-09 destinada a evitar la fabricación, importación y comercialización ilegal de los fuegos pero también a prohibir y castigar, con sanciones de multa y prisión de 6 meses a 2 años, el uso de los mismos por parte de personas físicas o morales no autorizadas, es decir, no certificadas formalmente por el Ministerio de Interior y Policía para ello.
De hecho, y respetando el espíritu de la citada ley, los fabricantes de estos conocidos como fuegos artificiales sólo pueden vender a aquellos autorizados para usarlos y administrarlos, que son fundamentalmente personas o empresas que realizan eventos y espectáculos públicos y obtienen permisos para utilizar en ellos estos elementos.
Por tal motivo, es necesario que la típica campaña que cada diciembre inician el Gobierno central y algunos ayuntamientos sobre este tema no se limite únicamente a perseguir a las personas o establecimientos que fabrican y hacen ventas no autorizadas, sino además, deben hacer hincapié en que el uso por parte de quienes no estén certificados también constituye un delito duramente castigado.
Las tradiciones no deben mantenerse sólo por el hecho de que sean tradiciones si se comprueba que las mismas hacen daño, y para el caso en cuestión, si hacemos una evaluación de problemas y beneficios, la respuesta es muy clara. Puesto que, por apenas unos segundos de un deleite visual simple y hasta un poco monótono, con tantas cosas hermosas que ver y que no representan perjuicios, no vale la pena el alto riesgo al que se expone todo aquel que manipula estos peligrosos fuegos.
