Servio Tulio Castaños Guzmán entiende necesario que el Congreso Nacional cite en conjunto a todos los actores del sistema para debatir las modificaciones al Código Procesal Penal (CCP).
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) criticó ayer que tras haberse iniciado el proceso de modificación de la ley 76-02 o CCP, en 2006, aún en 2014 se esté hablando de sugerencias para los cambios que deben aplicarse.
Los plazos para el proceso y el tiempo de duración de los archivos provisionales dados por el Ministerio Público son los puntos en debate y sobre los cuales el Poder Judicial ha hecho sugerencias.
“El Ministerio Público proponiendo un plazo, la Suprema Corte de Justicia otro, entonces a los actores hay que convocarlos a todos juntos para que ellos conjuntamente puedan, frente a los congresistas, explicar cuáles son las situaciones que se les presentan”, dijo Castaños Guzmán.
Precisó también que “mientras cada sector esté de manera individual haciendo propuestas se van a presentar mayores contradicciones que afectan el proceso de reforma”.
En tanto, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, dijo que los planteamientos hechos por el procurador y la SCJ se deben ponderar.
De su lado, el magistrado Román Jíquez dijo que la propuesta del inicio de plazo a contar para realizar los procesos penales, a partir de la medida de coerción o de un anticipo de prueba, como plantea el Procurador General de la República, se hace en la válida preocupación de la lucha contra el crimen organizado y de cómo los tecnicismos legales debilitan la lucha contra ese flagelo.
