No nos engañemos. La cancelación de la visita al país del vicepresidente de Estados Unidos, diplomáticamente anunciada como una “posposición”, no obedece a la crisis de Ucrania. Se deben a otros factores relacionados con la agenda que el señor Joe Biden estaba supuesto a discutir con el presidente Medina y sobre la cual el gobierno estadounidense ha sido claro: la famosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, a lo que yo me atrevería a agregar la destemplada e improductiva reacción de la Cancillería al informe del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en el país y la ambigua posición dominicana frente al caso venezolano en la OEA.
Las horas que el señor Biden estaría aquí no alterarían ni crearían un vacío en la política de la Casa Blanca sobre Ucrania, como para justificar la suspensión de una cita al más alto nivel previamente acordada, porque el tema es mayormente asunto del secretario de Estado John Kerry y las comunicaciones del gobierno estadounidense son lo suficientemente sofisticadas para usar los servicios del vicepresidente en la eventualidad de que se requieran aun estando en el exterior. De manera que el motivo de la “suspensión” es otro y la justificación encaja perfectamente en el estilo usual de la diplomacia para estos casos.
La suspensión de esta visita es un duro golpe para la administración Medina y el país, porque deja en el ambiente un disgusto de nuestro principal socio comercial y político, y un estrepitoso fracaso de los diseñadores de nuestra política exterior, en el que resalta su falta de argumentación para encarar los temas claves y sensibles que afean la imagen nacional en la comunidad internacional. La breve pero lamentable reacción de la Cancillería sobre el tema de los derechos humanos, diciendo que su valor apenas alcanzaba el del papel en que fue escrito, pareció dictada por el presidente Nicolás Maduro.
