La compra de Orange Dominicana y de TRICOM, dos empresas de telecomunicaciones, por una empresa extranjera ha revivido las preocupaciones por el alto nivel de concentración que se registra en numerosos mercados en el país, donde unas pocas empresas los dominan ampliamente. Aunque la concentración es más visible en productos y servicios de consumo final y masivo (como el caso de las cervezas, las telecomunicaciones y los aceites comestibles), también es o ha sido elevada en productos y servicios de consumo intermedio como el cemento, los servicios de transporte, los servicios financieros y los fertilizantes, cuyos efectos se traspasan a sectores compradores y al consumo final.
La alta concentración de mercados es una característica común en países pequeños porque con frecuencia, por las especificidades tecnológicas o requerimientos logísticos en algunos sectores, no hay espacio para mucho más que unas pocas empresas. A pesar de eso, la concentración es una preocupación tanto en países pequeños como en grandes porque altas cuotas de mercado pueden implicar el uso abusivo del poder que esa situación otorga en forma de precios y ganancias superiores a lo normal, prácticas que afectan la competencia en el mercado, e impedimentos a la entrada de nuevos competidores.
Las telecomunicaciones es un mercado de alta concentración. Cifras oficiales de mediados de este año indican que en telefonía fija, Codetel tiene una cuota de mercado de 70%, y Tricom, la empresa que ocupa el segundo lugar, tiene el 25%; en telefonía móvil, Codetel captura el 50% del mercado, Orange un 33%, y Viva menos de un 17%; y en servicios de Internet, Codetel concentra el 50% de la clientela. En servicios de televisión por cable, el panorama es algo más complejo por las numerosas empresas locales de cable que operan en los distintos municipios del país, pero en los dos grandes centros urbanos, y especialmente en la Zona Metropolitana de Santo Domingo, Tricom y Codetel son ampliamente dominantes.
Aunque en principio no se ha propuesto la fusión de las dos empresas en cuestión, la adquisición casi simultánea por un comprador único hace suponer que se impulsará una estrategia integrada en procura de crear sinergias, reducir costos y ganar cuotas de mercado. Tricom tiene una posición aventajada en el segmento de televisión por cable, mientras Orange en el de telefonía móvil.
Está claro que el objetivo es aglutinar para enfrentar con efectividad a Codetel, la empresa dominante en varios de los segmentos de mercados y que ha incrementado su penetración en el de televisión por cable. La oferta de paquetes integrados o de ventas atadas será muy probablemente parte de la estrategia competitiva que se impulsará. En un escenario como ese, un competidor menor como Viva podría verse seriamente afectado por el “choque de trenes”.
El tema plantea un dilema relevante para la regulación y la defensa de la competencia. Por un lado, la mayor concentración de mercado implica mayores riesgos de prácticas monopólicas por parte de las empresas que dominan el mercado. En ese caso, el ente regulador tiene la obligación de velar porque la concentración no se traduzca en conductas anti-competitivas que reduzcan la diversidad de la oferta y/o en precios monopólicos. Esta no es una tarea fácil por dos razones. Primero, porque la información sobre los costos de la provisión de servicios no es plenamente transparente, algo esencial para determinar, por ejemplo, cuándo hay sobreprecio o un precio que busca quebrar a la competencia. Segundo, porque los límites entre lo que es una práctica competitiva legítima y lo que no lo es, no es una raya claramente establecida, a pesar de las especificaciones legales.
Por otro lado, la aglomeración y la fusión pueden intensificar la competencia porque la empresa dominante sólo podría ser enfrentada por un competidor de gran tamaño. En ese caso, la fusión puede contribuir a reducir sus costos y a hacer globalmente más eficiente la operación de la empresa. De allí que la concentración puede atentar contra la competencia, pero es a la vez una de las vías para competir con éxito y evitar el dominio absoluto de una empresa.
Para enfrentar adecuadamente ese dilema y asegurar un mercado competitivo al servicio del público, se requiere de un ente regulador fuerte, independiente y capaz.
