MEXICO (AP).- Robar una elección es muy difícil en México tras la adopción de reformas políticas, según las autoridades, pero mucha gente cree que todavía se pueden comprar los votos.
En los últimos días de los comicios presidenciales del domingo, abundaban las denuncias de que los candidatos ofrecían dinero o bienes y violan flagrantemente los límites que hay para los gastos de campaña.
La mayoría de las denuncias van dirigidas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que según la mayoría de las encuestas recuperará el gobierno luego de ser desalojado del mismo hace 12 años, tras siete décadas de gestión ininterrumpida.
Un partido acusó a la campaña del candidato del PRI Enrique Peña Nieto de adquirir unas tarjetas conocidas como «monederos electrónicos» por valor del equivalente a 5,2 millones de dólares para regalarlas a los votantes. Son tarjetas expedidas por una de las principales cadenas de supermercados en México, que permitirían hacer compras por un total de 75 dólares cada una en los almacenes de esa empresa.
Peña Nieto también fue acusado de haber excedido el límite de 330 millones de dólares para los gastos de campaña y de haber comprado cobertura favorable en la red televisiva Televisa.
Con una ventaja de más de 10 puntos porcentuales en la mayoría de las encuestas, Peña Nieto no siente la necesidad de responder a esas denuncias.
«Vamos a ganar con su voto, con su participación libre, no coaccionada, no condicionada», afirmó el candidato del PRI la semana pasada en uno de sus actos de cierre de campaña en el estado sureño de Chiapas.
El Instituto Federal Electoral (IFE), un órgano independiente a cargo de las elecciones nacionales, dice que las tarjetas fueron adquiridas por particulares y que no hay indicios de que se pensase usarlas para comprar votos, pero las autoridades siguen investigando.
La oficina encargada de delitos electorales de la Procuraduría General de la República dice estar investigando 542 denuncias de compra de votos o de coerción para que voten por cierto candidato desde que comenzó la campaña oficialmente el 30 de marzo.
Nadie piensa que no hay intentos de compra de votos.
«El IFE sabe por supuesto que existe», expresó Ricardo Becerra, coordinador de los asesores del instituto. «En un país tan desigual, tan pobre, sin duda hay fuerzas que intentan aprovechar esto».
Los más de 79 millones de votantes de México elegirán un presidente que servirá por un período único de seis años, así como 500 diputados y 128 senadores. Habrá además elecciones de gobernador en seis de los 31 estados y cientos de contiendas por cargos a nivel estatal y municipal.
En los comicios presidenciales, se elegirá entre Peña Nieto; Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, de izquierda; Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional, que gobernó los últimos 12 años; y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza.
Becerra dijo que el fraude en las urnas es «materialmente imposible» porque el 92% de los 143.151 centros de votación tendrá representantes de los tres principales partidos. Antes de que se abra la votación, los representantes deben firmar las papeletas y cerciorarse de que estén en blanco. Al final de la jornada, se volverán a contar las papeletas y se sellarán en el puesto de votación, lo que impediría su posterior falsificación.
Habrá unos 700 observadores internacionales, incluido un gran contingente de la Organización de Estados Americanos. No obstante, la cifra es menor a la de 900 observadores que acudieron a los comicios de 1994 y 2000, cuando la incipiente democracia mexicana suscitaba más dudas.
El PRD, el PAN y el PRI han sido acusados de regalar monederos electrónicos y víveres para captar votos.
