En cada diciembre eran afectados niños y adultos con fuegos artificiales; mutilaciones de manitas, ojos y quemaduras. Hubo siempre voces que reclamaban superar esa desagradable, cruel e indolente situación.El negocio era vender en las calles y colmados fuegos artificiales al detalle para que fueran detonados por niños y adultos; padres que inadvertidos los compraban y los entregaban a los niños. Además, personas inexpertas se ponían a cargo para detonarlos, en celebraciones, eventos y tiempos festivos como en Navidad.
El negocio involucraba a muchas personas y en diciembre la suma se elevaba por encima de los 700 millones de pesos. Se levantaban cada año voces de comunicadores, sobresaliendo Huchy Lora; reclamaban por todos los medios pediatras, cirujanos plásticos y organizaciones comunitarias. En cada diciembre se contaban las víctimas.
Cuando asumimos el Ministerio de Interior y Policía, entonces Secretaría de Estado, iniciamos consultas, levantamiento de datos y formas de operar el negocio.
Hubo una sencilla conclusión, como con frecuencia sucede con los temas sobre seguridad ciudadana. Si eran detonados por el público, muy frecuentemente niños, había que buscar la forma de cambiar esa operatividad de los mismos; hacerlo sin afectar el libre comercio, pero sin dañar cada vez a los niños y adultos.
Se dictó primero una Resolución y luego una Ley que ordenara dar la facultad exclusiva a las empresas pirotécnicas para operar, comercializar y detonar los fuegos artificiales, sacando al público del comercio y detonación. La sola existencia de una ley no era suficiente, había que garantizar su aplicación. Se creó en el Ministerio de Interior un programa de aplicación que se denominó Control de Fuegos Artificiales (COFA), dirigido finalmente por una mujer, como sucedió con muchos otros programas, porque las mujeres mostraban honestidad, eficiencia, dedicación y respeto a su trabajo.
El COFA funcionó bajo la dirección de Verioska Mella, hija de una legendaria dirigente de Base del PLD. El propósito era lograr lo diseñado sin ser injustos, pero decididos a hacer respetar lo dispuesto. Se integraron civiles, con un personal combinado de policías y militares, dirigidos desde el mando civil. Se confiscaron en las calles y colmados literalmente millones de unidades cada año.
El procedimiento era que, hecha la retención de los fuegos artificiales, una comisión, diferente a la que confiscó, escuchaba a los imputados; se tramitaba a los tribunales, de comprobarse, y el Ministerio ordenaba la destrucción de los fuegos artificiales, en uno de los polvorines de las Fuerzas Armadas.
Muchos negocios y personas se sometieron y fueron condenados por los tribunales. Aún más, fueron afectados como negocio y las pérdidas los obligó a salir de esa manera informal y sin control del mercado; o pasaban a integrarse a empresas pirotécnicas. Eran y son las únicas autorizadas para negociar y detonarlos ellas mismas; esas empresas debían ser evaluadas y certificadas; su personal técnico evaluado por militares y policías técnicos en explosivos.
Desde el inicio de ese programa se logró superar esos desagradable incidentes, con las quemaduras a niños y adultos, con fuegos artificiales.
Es que la seguridad ciudadana descansa en atacar con medidas adecuadas, específicas y legales lo que afecte el ejercicio de los derechos. En este caso, variar la venta y uso superó la incidencia de quemados y mutilados; la violencia es múltiple causal.
