Con las elecciones, se cierra un ciclo de acontecimientos políticos que ponen en evidencia que la democracia dominicana adolece de profundos déficits, que aún no han podido ser superados. Recientemente se realizaron importantes cambios a la Constitución sin que esto significara cambio alguno en la práctica de las instituciones y los actores políticos. Además, se conformaron con gran influencia partidaria las altas cortes y no se avanzó en la realización de unos comicios donde se crearan condiciones reales de equidad.
El excesivo clientelismo y patrimonialismo en la actividad política, ha generado un sistema político incapaz de promover un mayor desarrollo institucional en el país. El siguiente dato de la encuesta Barómetro de las Américas 2010 es alarmante: “la RD encabeza toda la región de América Latina, como el país con mayor frecuencia de clientelismo político”. Este es uno de los males más serios de la sociedad dominicana.
El desarrollo de un sistema político basado en relaciones clientelares, impide la constitución de ciudadanía y no permite que en las elecciones, los electores puedan realizar un ejercicio del voto de manera responsable y en condiciones de libertad. Por otro lado, ese clientelismo, acompañado del diseño e implementación de programas sociales de carácter puramente asistencialistas, impide que los grupos más empobrecidos se constituyan en sujetos de derecho. Esto lleva a los grupos sociales en condición de pobreza, a establecer relaciones con el Estado que perpetúan su situación de exclusión y marginación.
A lo anterior se suma la seria dificultad de que la democracia dominicana no ha podido atender de manera satisfactoria las múltiples y crecientes demandas, de una población que ve deteriorar su calidad de vida por los diversos problemas sociales existentes. “Los procesos políticos en las últimas dos décadas se han desarrollado con un trasfondo de altos niveles de pobreza y desigualdad” (Domingo, 2006). El Estado no ha podido desarrollar políticas públicas capaces de enfrentar con éxito esta situación.
En síntesis, repensar la democracia hoy, tiene que ver con la definición de la manera en que se deben mejorar las condiciones de vida de la gente y se contribuye a dar mayor calidad a la actividad política y a la participación de la ciudadanía. Estos retos tendrían que ser abordados desde una dinámica institucional que promueva la ampliación de la democracia. La legitimidad y credibilidad de esta democracia, pasa por la capacidad del Estado de promover políticas públicas incluyentes, que estén centradas en la garantía de derechos y el fortalecimiento de la institucionalidad.
