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Todo parece estar acordado

El principio orientador de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo- (FARC-EP) reza claramente “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

El principio orientador de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo- (FARC-EP) reza claramente “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.Este principio denota el ambiente de desconfianza mutua en el que se desarrollaron estas negociaciones. Con el acuerdo final presentado por las Partes este 24 de agosto, que espera establecer la base contractual para acabar con un conflicto de más de medio siglo, saldado con un numero enorme de víctimas mortales y millones de desplazados, parece que todo está acordado.

El anuncio sobre la apertura de los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC se produjo el 27 de agosto de 2012 en Cuba, sin embargo, los diálogos exploratorios habían iniciado antes en Noruega y luego trasladados a La Habana.

Aquel viaje que hizo Juan Manuel Santos a Cuba en marzo de 2012, con el pretexto de comunicar personalmente a Raúl Castro que no sería invitado a la VI Cumbre de las Américas que se celebraría el mes siguiente en Cartagena de Indias, estuvo motivado también por esos diálogos exploratorios y por la necesidad de que el Gobierno cubano los apoyara decididamente.

Se desarrollaban para esa época, igualmente en secreto, los diálogos exploratorios que parirían luego la normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba.

Hay que recordar que el presidente Obama asistió a esa Cumbre de las Américas de la que hablamos, en Colombia, escenario que Santos podía aprovechar también para dar un espaldarazo a Cuba en lo relativo a los diálogos secretos que sostenían Washington y La Habana tratando de buscar vías de avenencia para sus relaciones bilaterales.

Definitivamente, todas esas gestiones han sido positivas, no solo para Colombia, sino también para Cuba e incluso para los Estados Unidos. El resultado de estos diálogos, cuatro años después de haber iniciado en un ambiente de incredulidad, desconfianza y con escasas posibilidades de éxito, es un claro homenaje y reconocimiento a lo que puede lograr la diplomacia aun en un mundo de intereses que parecen a veces irreductibles irreconciliables.

Este miércoles, en el discurso del presidente colombiano ofreciendo la información a su país y al mundo acerca de este acuerdo definitivo al que han arribado con las FARC ha sido enfático en que, por fin, todo está acordado, sin embargo nada sería así si no hubiesen contado con los buenos oficios que otorga la diplomacia y que, en este caso fueron prestados por Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, y, sin lugar a dudas, por el Gobierno de los Estados Unidos y otros actores individuales, que la historia luego tendrá que reconocer.

El porqué del plebiscito

Sin ánimos de ser pesimistas, aun cuando todo parece estar acordado, existen algunos detalles que podrían empañar este importante esfuerzo por la paz en Colombia.

El próximo 02 de octubre Colombia celebrará un plebiscito en el que unos 4.5 millones de votantes deberán aprobar o no el contenido de los acuerdos alcanzados con las FARC en La Habana.

El presidente Santos ha dicho correctamente que no está obligado a someter la firma de estos acuerdos a un proceso plebiscitario y que lo hace porque quiere que sea el pueblo que, con el voto, refrende o anule, con una decisión histórica, el contenido de los mismos.

Evidentemente, en principio tiene toda la razón en relación a que la constitución no lo obliga a hacerlo. No obstante, aunque no ha trascendido como una condición impuesta por el equipo negociador de las FARC, el hecho de que se haya decidido depositar el acuerdo ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Suiza, dándole carácter de compromiso internacional, y de que se prevea la celebración de este plebiscito justo antes de que se produzca la dejación definitiva de las armas, parece ser una carta de garantía exigida por la guerrilla.

Esto le asegurará a las FARC que, no solo este gobierno, sino también los que le han de suceder, deberán cumplir con los “beneficios” que le otorga el acuerdo, jamás otorgados a grupo terrorista alguno –como está catalogado a nivel internacional salvo en Ecuador y Venezuela- y sí a “grupos beligerantes”, como siempre quiso ser reconocido. Esto, en principio es una gran victoria de las FARC.

Algunos de estos beneficios son hartamente criticados y rechazados por un gran porcentaje de colombianos, pues entienden que la estela de crímenes, secuestros, violaciones de estos individuos no puede ser pagada con legitimación y reconocimiento político –el Estado le otorgará unos 2.4 millones de dólares para conformarse como partido- y con garantías, sin que medie un proceso de elección electoral directa alguno, de participación legislativa en dos periodos, a partir del 2018, con diez curules en el congreso nacional.
¿Qué pasaría si gana el NO en el plebiscito?

Definitivamente, el plebiscito es la más arriesgada apuesta de la carrera política de Santos, sin en embargo, entiendo que no ha tenido otra salida, aunque sostenga que lo hace de manera voluntaria.

De ganar el NO, el proceso caería en el más profundo limbo, pues, aunque el Gobierno ha insistido en que la firma de la versión final del acuerdo se produzca en septiembre, antes de la celebración del plebiscito, el proceso perdería legitimidad y apoyo en la base popular no solo del Gobierno sino también en las filas de la guerrilla, lo que obligaría a las FARC, por un tema de supervivencia, a no cumplirlo.

Las FARC estarían en posesión aun de sus armas, pues el plazo para la entrega es de 180 días posterior a la firma definitiva. De modo que, para el 02 de octubre, fecha establecida para el plebiscito, aunque el acto de la firma se produjese hoy, habrán trascurrido menos de cuarenta días lo que asegura que la dejación de las armas no habrá sido efectuada aun.

Colombia perdería la fe en la posibilidad de concreción de un acuerdo más ambicioso que éste, al reconocer con la votación por el NO, que definitivamente no aceptan tener una paz sobre la base de lo expresado por el jefe negociador del gobierno de Santos, Humberto De la Calle, en relación a que este “ (…) no es un acuerdo perfecto, pero es el mejor acuerdo posible”.

Posiblemente las FARC, que esperan que además este acuerdo les permita la reunificación con compañeros guerrilleros presos en cárceles de Colombia y “fuera de las fronteras”, especialmente de (a) Simón Trinidad, condenado a 60 años de cárcel en Estados Unidos, verían frustrados estos planes e iniciarían acciones violentas que alejarían aún más cualquier tipo de avenencia.

En definitiva, esta solución política no tendría cabida ya en el vocabulario cercano de la elite social, económica y política colombiana y muy posiblemente las FARC solo acabarían bajo los métodos del expresidente Uribe, bajo persecución, encarcelamiento, extradición o exterminio.

Colombia no recibiría los recursos provenientes de la cooperación internacional destinados a apoyar el postconflicto, la reconciliación nacional y el crecimiento integral de la zona rural, como también el acompañamiento prometido desde los más diversos países, bloques regionales y organismos internacionales.

El partido de Santos y su posible candidato, Humberto De La Calle –jefe negociador en Cuba- perdería las próximas elecciones, y el premio Nobel de la Paz, que de concretarse definitivamente la paz en Colombia merecería Santos, solo sería un sueño que nunca se hizo realidad.

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