Decenas de policías dispersaron ayer a residentes de Gualey, quienes protestaban contra la continuación de los trabajos de la segunda línea del Metro.Moradores de Gualey y Los Guandules mostraron su rechazo a la continuidad de la obra lanzando piedras y otro tipo de objetos a las calles, argumentando que no les dieron el tiempo suficiente para retirarse de la zona impactada con el incidente registrado hace 15 días, al caer un canasto de varillas sobre varias viviendas.
Dijeron sentirse defraudados por el subdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Leonel Carrasco, quien acordó darles un plazo razonable para que procedieran al autodesalojo, luego de entregarles cheques a 51 familias, hace solo tres días.
Mientras que miembros de la Policía Nacional retiraron los letreros colocados por los moradores con expresiones de: “No a la violencia”, “Queremos ser desalojados”.
El teniente coronel de la Policía, Elías Marte dijo que los manifestantes están provocando una muerte para justificar el desorden”, en tanto los manifestantes denunciaron que sus compañeros sufrieron maltratos y apresamientos.
Periodistas de elCaribe intentaron contactar en la tarde de ayer, al subdirector de la Opret, para saber su posición, pero no fue posible.
Lanzan duras críticas a la Opret
Ciudad Alternativa criticó el procedimiento de pago de viviendas de parte de la Opret para dar paso a la construcción de la segunda línea del Metro.
Para el director ejecutivo de la entidad, Román Batista, el modelo de autodesalojo es “un invento de la Opret que viola el derecho a la vivienda” y consideró que el desplazamiento de las familias no puede ser comercializado.
Dijo, además, que las 29 viviendas censadas no representan una cantidad considerable comparadas con las que realmente deberían ser desplazadas.
Un levantamiento realizado por la organización, hace cuatro días, indica que las familias que deben ser desalojadas por ocupar la zona de impacto sobrepasan las 200 familias.
También denunciaron que en el área hay familias que se les ofreció el 20% del valor de sus viviendas, a raíz de los daños causados, y que no se les exige retirarse.
Según Ramón Batista, la forma de actuar de la Opret fomenta la práctica de oportunismo, ya que algunos moradores de la zona buscarán la manera se ser beneficiados con la indemnización económica, improvisando viviendas en el lugar de impacto de la obra.
Recomiendan construir un proyecto de impacto
Ciudad Alternativa considera que el modelo más recomendable para el Gobierno es la construcción de un proyecto de viviendas que garantice el derecho a la dignidad y exigió a la Opret un proyecto de impacto. Según el vocero de la organización, Albert Ortiz, debe establecerse como zona de impacto, 25 metros por cada perímetro. Reprochó que “no se cumplió a la hora de iniciar la megaobra, situación que pone en riesgo a las personas.
