La República Dominicana lleva 50 años celebrando elecciones para escoger sus autoridades. No se puede asegurar que haya sido un período de democracia plena, toda vez que la primera elección, en 1966, se produjo durante la postguerra e intervención imperial, y los resultados de esas votaciones estuvieron viciados por la nefasta influencia de Estados Unidos.
Luego vendrían los años de dominio de Joaquín Balaguer hasta 1978, durante los cuales la participación electoral era restringida por ese gobierno represivo, que se impuso mediante la fuerza durante doce años.
Aunque se celebraban elecciones, el fraude y la violencia eran regla y la Junta Central Electoral (JCE) se sometía a la voluntad de Balaguer.
En 1970 y 1974 no hubo elecciones, sino votaciones. El gobierno de Balaguer forzaba la abstención para imponer su continuidad. De modo que predominaba la cultura del fraude electoral, mataderos electorales.
En 1978 Balaguer fue desplazado porque la población se movilizó tan masivamente que arrasó todas las acciones fraudulentas, y aún así maniobró para quedarse con el control de la justicia, mediante la alteración perversa de los resultados en varias provincias, con lo que consiguió una mayoría que le permitió controlar el Senado de la República, que entonces designaba los jueces.
Pero los mecanismos de corrupción y manipulación de las votaciones a través de la compra de votos de uno y otro bando partidario no han cesado, y por eso persisten los temores.
Es verdad que después del fraude de 1994, cuando José Francisco Peña Gómez fue impedido de ascender al poder, los procesos de elección son más seguros y confiables, de forma tal, que desde 1996 hasta el 2012, si bien ha habido denuncias, no se han podido comprobar fraudes masivos ni cosa parecida.
También es cierto que la JCE se ha modernizado, automatizando y transparentado sus procesos, y cada vez la las elecciones están rodeadas de mayor seguridad y se efectúan en un ambiente de libertad.
Pero como la historia electoral del país no es ajena al fraude, es comprensible que persistan algunos temores, aunque no haya motivos para ello.
Es importante que la Junta siga apostando a la transparencia y seguridad del proceso.
