En el ámbito gubernamental, el trabajo de auditoría se realiza a partir del examen y revisión de la información financiera presentada por las entidades auditables. Generalmente, esta información consiste en: ejecución presupuestaria y/o estados financieros, y el objetivo del auditor es emitir una opinión sobre la razonabilidad de la misma.
Esa información tiene que cumplir con el principio “Revelación Suficiente”, el cual establece que debe ser: veraz, relevante, comparable, oportuna, confiable, objetiva, consistente y verificable, entre otros requisitos.
Es importante recordar que el cumplimiento de los principios y normas sobre la información financiera garantiza su confiabilidad por parte del usuario, que en el caso de las auditorías del sector público, es la Sociedad en su conjunto (Estado y ciudadanía).
Siendo así, el auditor, durante la ejecución de su trabajo, tiene que asegurarse de que los hechos contables y las transacciones examinadas estén sustentados por pruebas y/o evidencias suficientes y competentes.
Para el auditor lograr satisfacerse de la razonabilidad de los hechos contables, aplica procedimientos de auditoría que incluyen: a) confirmaciones, b) pruebas globales, c) análisis, d) reproceso, etc., cuyos resultados deben ser consecuentes con los montos examinados.
En el caso de las transacciones, las evidencias deben ser auténticas y están representadas por documentos que les son consustanciales, es decir, se generan con la realización del evento de que se trate, veamos: a) facturas, b) recibos, c) pagarés, d) contratos, etc., tienen que ser: 1) originales, 2) legales, 3) estar firmados, 4) sellados, 5) y certificados, cuando así corresponda.
Entonces, podemos concluir en que: pruebas razonables y consecuentes de los hechos contables; más evidencias auténticas de las transacciones, significa transparencia.
Si es así, consideramos que el impacto financiero y económico que tendría para el país y la Cámara de Cuentas, el hecho de que las instituciones auditables presentaran sus informaciones prestándole atención al principio “Revelación Suficiente” y con apego a la transparencia, sería significativamente favorable. Esto así, porque el trabajo de auditoría requerirá menos tiempo; en consecuencia el costo del mismo bajaría sensiblemente.
Además, podría realizarse un número mayor de auditorías cada año, lo que desde el punto de vista financiero favorecería el Presupuesto General del Estado, debido a que las recomendaciones de mejora que proveen las auditorías de la CCRD, para obtener una mayor eficiencia en la ejecución presupuestaria, abarcaría más instituciones auditables lo que contribuiría a que el Presupuesto General del Estado incremente su eficacia.
Echémosle pues, una mirada a ese concepto y despleguemos un mayor esfuerzo para lograr que los funcionarios y empleados de las instituciones auditables tomen conciencia de la importancia que tiene para el país la eficiencia, economía y eficacia que se lograría si ellos colaboran.
