Después de montar un proceso electoral que mereció reconocimientos a nivel nacional e internacional, la Junta Central Electoral se ha enfrascado en una serie de conflictos internos, lo que ha diezmado su imagen y le ha valido críticas de distintos sectores, al punto que algunos congresistas han hablado de la posibilidad de hacer un juicio político a los miembros del organismo.
Las diferencias en torno al caso de hijos de madres extranjeras no residentes ha sido el detonante de la más reciente crisis, que aún se mantiene y se extiende. Pero en los últimos meses, las contradicciones han pasado a formar parte de la cotidianidad del organismo. La mayoría de los enfrentamientos se han producido luego de los comicios del año pasado.
Durante el primer tramo del período de la actual JCE, la armonía interna fue la regla general, salvo algunas diferencias de criterio que se hicieron públicas, principalmente entre el presidente, Roberto Rosario, y el miembro Eddy Olivares.
Las disidencias siempre se vieron como algo normal en un organismo colegiado, pero sobre todo de composición heterogénea. En la selección de esta Junta, como ha sido norma en los últimos años, hay representación de distintos sectores políticos y de la sociedad civil.
Rosario proviene de las filas del PLD, mientras que Olivares es perredeísta y César Féliz es representante del PRSC. José Ángel Aquino llegó recomendado por entidades de la sociedad civil, al igual que Rosario Graciano, aunque esta última era vicecanciller al momento de su selección, lo que implica, de algún modo, un vínculo con el partido oficial.
Antes de las elecciones pasadas, Rosario tuvo algunas diferencias con Olivares con aspectos relacionados con el papel de regulación que debía asumir la JCE en torno a la campaña, sobre todo en lo relativo a las denuncias de uso de recursos del Estado con fines proselitistas.
En aquellos conflictos tanto Aquino como Féliz y Graciano respaldaban abierta o discretamente las posturas de Rosario, o bien, adoptaban una posición de bajo perfil.
El primer choque
Tras la renuncia de Miguel Ángel Frías del Centro de Cómputos de la JCE, se desató la primera gran crisis de ese organismo en la gestión de Rosario. A partir de ese momento, el PRD y otros partidos pidieron la renuncia de ese departamento de Franklin Frías, a quien acusaron de orquestar un plan, junto a Rosario, para forzar la salida de Frías.
Las presiones no solo eran externas, ya que Olivares asumió ese discurso y aseguró que solo la renuncia del técnico podría dar credibilidad a los resultados de los comicios. En el conflicto fue necesaria la intervención de la Iglesia Católica, con cuya mediación finalmente se llegó a un acuerdo de crear una Dirección colegiada con representantes de los partidos, pero quedó el precedente que afectó la armonía interna de la JCE.
Cambian los protagonistas
En las crisis que se dieron posteriormente en la JCE surgió una novedad. Cambiaron los protagonistas, ya que Aquino comenzó a chocar con Rosario, rompiéndose así una alianza que parecía sólida.
El primer encontronazo público fue por el tema del presupuesto que solicitaba la JCE. El presidente del organismo se quejó públicamente de la falta de receptividad del Gobierno, posición que fue cuestionada públicamente por Aquino, quien acusó al presidente de la JCE de sostener un “acoso mediático” en el manejo del tema.
Casi al mismo tiempo, Rosario y Aquino chocaron por la propuesta del segundo, de que se otorgue la nacionalidad dominicana a los hijos de madres extranjeras que residen ilegales en el país, mediante una amnistía contenida en un proyecto de ley que él ha elaborado.
Otro tema que provocó fricciones internas fue el cierre de las oficinas de la Junta en el exterior, decisión que ha sido cuestionada tanto por Aquino, como por Olivares.
En otro caso en el que estos dos últimos se aliaron para enfrentar a Rosario fue en lo relativo a la licitación de la nueva cédula de identidad y electoral. Ambos entienden que con las condiciones actuales, se incurriría en una violación a leyes del sistema financiero, y se duplicaría el costo del documento, por lo que plantean que la sustitución de la cédula debe ser pospuesta.
El otorgamiento de becas a funcionarios y empleados de la JCE fue otra decisión cuestionada abiertamente por Aquino, quien alegó que se trataba de una acción improcedente “en momentos de austeridad”.
Pero también el uso de las redes sociales los ha enfrentado. Rosario alegó que Aquino pedía permiso para ir al baño, y aprovechaba para divulgar por Twitter lo que se discutía en las sesiones del Pleno.
Caso Morel Cerda, un precedente no lejano
Ante la frecuencia e intensidad de los enfrentamientos, figuras como Jorge Subero Isa le han pedido a los miembros de la Junta Central Electoral que se vean en el espejo de la Cámara de Cuentas que fue objeto de un juicio político, del que finalmente ningún miembro sobrevivió. En la Junta no hay precedentes parecidos, aunque sí la renuncia de un titular, Manuel Ramón Morel Cerda, en el 2003, aunque en ese momento no fue por diferencias internas, sino por presiones de los partidos políticos.
22,000
Aquino ha dicho que en los libros de registros hay asentados 22,673 hijos de madres extranjeras no residentes.
