Hace muy bien la Junta Central Electoral en no dejarse intimidar por vocingleros tremendistas que se creen dueños absolutos de la razón y pretenden imponer sus deseos por encima de las facultades que la Constitución y las leyes de la República delegan en la institución responsable del montaje y celebración de elecciones. Ya los tiempos de conchoprimo, donde se imponía la ley del más fuerte, del que hablara más duro, del que fuera más bocón, son cosas del pasado. Si alguien quiere participar del juego democrático, llámese como se llame y ostente la posición política cual que sea, tiene que acogerse a las reglas del juego. Eso sí, tiene todo el derecho a apelar y recurrir a las instancias y mecanismos existentes en procura de que se respeten sus prerrogativas, aunque ello no le da patente de corso para lanzar acusaciones alegres, temerarias e irresponsables contra quienes se supone actúan apegados a lo que dicen las leyes vigentes. No es llevando turbas, con antisociales violentos incluidos, a piquetear en el entorno de la JCE que se consigue el reconocimiento de un movimiento o partido político, por rebelde que sea. Es cumpliendo con los requisitos que están establecidos para tener un partido político reconocido que se acude a las urnas en procura de votos. De ahí que no tenga validez cualquier otra cosa, como la que reseñó ayer la prensa vespertina. Lean ahí: “El Movimiento Rebelde, del empresario del transporte Juan Hubieres, no presentó en tiempo hábil su solicitud de revisión a la resolución que lo rechazaba como partido político legal. Pese a la impuntualidad, su caso fue revisado por el pleno, debido a que el viernes pasado cuando fue a pedir reconsiderar la decisión contra su partido, los supervisores de guaguas de Fenatrano provocaron un desorden en el tránsito”. Quiérese decir, entonces, que todo esto es sugestión pantera, mucho bla, bla, bla, y un gadejo(ganas de jo…) de marca mayor, olvidándose que la ley es la ley, que ha de ser igual de aplicable para todos, sin excepciones ni privilegios, por lo que este tipo de presiones han de ser dejadas a un lado ¡yaaa…!. ¿Se oye o no se oye…?

La denuncia es una herramienta que, bien utilizada, contribuye a resolver situaciones y corregir entuertos. Pero en uso abusivo y tremendista, se torna en boomerang y más que  corregir anomalías o distorsiones hace caer al(os) denunciante(s) en el descrédito, la vergüenza (si es que la tienen) y el ridículo.

José Lois Malkum hizo publicar con su firma en la prensa del fin de semana un artículo que, entre otras denuncias, plantea lo siguiente: “Solo en el mes de febrero el gobierno gastó RD$2,700 millones del presupuesto para financiar prensa y propaganda a favor de Danilo Medina.

Eso incluye, desde afiches, vallas, periódicos, redes sociales, radio y televisión, hasta una nómina de RD$350 millones para pagarles a periodistas y voceros de todo el país que lo defienden.

Algunos de esos voceros no abren la boca por menos de RD$5.0 millones mensuales”.

Por más vueltas que le busco para asimilarla, esa denuncia no me sale de las casillas del tremendismo, y me sorprende que un ex gobernador del Banco Central y ex secretario de Estado de Finanzas (que se supone por haber ejercido esas funciones debe tener conocimiento de cómo funcionan las cosas de Estado) se aventure a hacer planteamientos de esa naturaleza.

Amigos lectores: Vuelvan atrás y re-lean las cifras.

¡Eso, sencillamente, no puede ser posible! Y de ser cierto, andaría por ahí el comunicador oficialista millonario que hiede a barco viejo. Hay que tener prudencia, señores.

Todo lo que nos llega al pensamiento no podemos darlo por hecho. Malkum: ¡Bájale algo para que haya quien lo crea..!

Amparo
L eí ayer que la Junta Central Electoral rechazó varias candidaturas a diputados de ultramar, entre ellas las presentadas por el PRSC postulando a Carlos Gómez y Ricardo Espaillat.

El argumento fue de que no cumplen el requisito de figurar en el registro de electores.

Una de mis fuentes reformistas a la que consulté de inmediato me adelantó que la decisión será recurrida mediante un recurso de amparo ante las instancias de lugar, porque los rechazados están ejerciendo un derecho constitucional. Seguiré mañana sobre el tema…