La jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierra de la Jurisdicción Original, Alba Luisa Beard, continuará hoy el juicio contra los acusados de expropiar terrenos de Bahía de las Águilas.Durante la audiencia de ayer, los abogados de los reclamantes de terrenos en Bahía de las Águilas solicitaron que se declare improcedente, mal fundada y carente de base legal las conclusiones de los representantes del Estado, que piden la nulidad de los títulos.
Amparan su solicitud en dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a favor de “terceros adquirientes de buena fe”, y en los que las únicas pruebas que ha presentado la parte demandante es un oficio, específicamente, el 65-06 del mes de junio de 1997 que, a su entender, carece de validez frente a los títulos de propiedad expedidos por la autoridad competente, que en este caso es el Registrador de Títulos de Barahona.
Asimismo, apelan al desistimiento del Estado, a través del exprocurador general de la República, Víctor Manuel Céspedes, el 14 de agosto de 2004, por violación del principio de inmutabilidad del proceso.
Al menos siete de más de 20 abogados que han participado en la audiencia, solicitaron a la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierra de la Jurisdicción Original, Alba Luisa Beard, un plazo de quince días para ampliar los escritos de conclusiones.
Citan jurisprudencias de la SCJ
El abogado Víctor Santana Polanco argumentó que la SCJ ha mantenido una jurisprudencia constante e invariable en cuanto a la protección que le debe el Estado a los “terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe”, en el entendido de que no basta alegar irregularidad del título del vendedor para anular el traspaso hecho en favor del comprador.
Puso como ejemplo el Boletín Judicial del mes de octubre del año 2010, página 1005, y el de febrero de 1998, los que según dijo, consagran la protección del tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe.
Dijo que los derechos de estas personas no pueden ser anulados hasta que no se pruebe la mala fe del tercer adquiriente, definida como “el conocimiento que tenía de los vicios de título de su causante”. Afirmó que su cliente, el señor Teófilo Manuel Ventura, le compró a un adquiriente que fue asentado por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), que posteriormente consiguió la aprobación del traspaso por parte del Tribunal Superior de Tierras y luego lo deslindó y obtuvo un título definitivo.
Al igual que Santana, el abogado Víctor Ayane Pérez, quien representa a los propietarios de dos empresas, entre las que se encuentra, The Arlington International, citó la jurisprudencia de la SCJ y el texto del Tratado de Derecho Inmobiliario, de Rafael Ciprián, quien califica la figura del “tercer adquiriente de buena fe”, como la piedra de hierro donde descansan las transacciones en materia inmobiliaria.
Argumentó que esa figura está protegida en los artículos 138, 147, 174 y 192 de la Ley 15-42, de Registro de Tierras.
Durante la audiencia, la jueza llamó la atención de los abogados de la defensa, ya que en el transcurso del proceso se han intercambiado calidades sin justificación, con el objetivo de torpedear el juicio, y posteriormente hacer alegatos para justificar nulidades.
El proceso penal fue prescrito por tercera vez
El proceso penal seguido a los acusados de expropiar miles de terrenos en la zona de Bahía de las Águilas, provincia de Pedernales, fue declarado extinguido por tercera vez. El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia prescribió la acción penal en contra del exdirector del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, su hermano Rafael Antonio Rodríguez Guzmán y su esposa Reina Margarita Martínez.
