El doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, aprovechando el derecho a petición que le consagra la Constitución, ha solicitado al Congreso Nacional que elimine la muy cuestionada práctica de manejar un fondo económico para asistencia social, denominado popularmente como barrilito y cofrecito. Este fondo demanda cuantiosos recursos del Estado. Dicha petición se hace en una coyuntura muy propicia, pues los legisladores están conociendo el presupuesto general de la nación para el 2014 y reciben la demanda de que se mejore la calidad del gasto público.
Es un contrasentido que en momentos en que el país atraviesa por una situación económica de extrema dificultad, los legisladores tengan un presupuesto tan holgado que les permita disponer de recursos para gastarlo en acciones de ayuda social, con una marcada intención proselitista. Se destaca en la petición, la claridad con la que se establecen las violaciones flagrantes de varios artículos de la Constitución. Entre estas violaciones, es necesario señalar la desigualdad en la competencia electoral que genera el barrilito y el cofrecito. A lo largo de todo su periodo, el legislador está recibiendo recursos económicos para distribuir en las comunidades, lo que hace imposible que otro candidato lo pueda adversar desde la oposición. Es particularmente grave la suplantación, por parte del Legislativo, de las funciones que corresponden al Poder Ejecutivo. La asistencia social es una competencia directa del gobierno central y de los ayuntamientos. A los diputados y senadores les corresponde legislar y fiscalizar.
Más que comprar recetas médicas o disponer de ambulancias, los legisladores deben ocuparse de que los funcionarios públicos del área de salud brinden servicio de calidad a los ciudadanos. Lo mismo pasa con las demás áreas del Estado. Con este tipo de práctica, los miembros del Congreso Nacional contribuyen a debilitar al Estado y sus instituciones.
Los legisladores parecen apostar a la permanencia de los males sociales y económicos, como una manera de distribuir favores que luego los electores tendrán que agradecer mediante su voto. Es tiempo de que el Congreso se disponga a eliminar el Barrilito y el Cofrecito y de que a ese dinero se le dé un uso más provechoso. Varios diputados han planteado la necesidad de erradicar esta práctica, por lo que esperamos que otros más se sumen a esta posición. La ciudadanía a su vez, tiene que generar un movimiento de rechazo al asistencialismo y el clientelismo que se llevan a cabo desde el Congreso Nacional. Es necesario poner un alto a los escandalosos privilegios que reciben los legisladores, ya sea a través del barrilito o las exoneraciones.
