Mediante decreto 389-14 el Poder Ejecutivo convocó a distintos sectores de la sociedad a un diálogo que deberá concluir, en un plazo de seis meses, con el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. Dicho Pacto está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, conjuntamente con el Educativo y el Fiscal. La crisis histórica del sector eléctrico requiere de medidas urgentes que se han venido postergando durante décadas. Es insostenible que el Estado tenga que disponer cada año de más de mil millones de dólares para subsidiar la producción de energía y que los dominicanos estén pagando una de las tarifas eléctricas más caras en la región, recibiendo un pésimo servicio.
En un estudio realizado por el Banco Mundial sobre economía política del desarrollo, se estableció que la provisión de electricidad es un servicio público importante con un desempeño ineficiente, que está afectando la competitividad y el desarrollo humano del país. Es imposible que el sector industrial pueda competir a nivel internacional con constantes interrupciones del servicio eléctrico. De acuerdo con esta investigación, con 25 apagones al mes frente a los apenas cuatro en América Latina, la economía dominicana se encuentra en una situación de mucha precariedad. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la solución al problema eléctrico supone enfrentar fuertes intereses de grupos que se han beneficiado del desorden en que ha operado este sector.
Con pérdidas de más de un 30% de la energía producida, con una matriz de generación basada en un alto porcentaje en fuel oil (48%), que es el combustible más caro, con contratos leoninos para el Estado y con serios problemas para el cobro de la energía, las soluciones no pueden seguir siendo parciales. Es positivo que a través del Consejo Económico y Social (CES) se haya convocado a este Pacto Eléctrico que deberá partir de una visión integral del problema. Esta convocatoria procura la participación de diversos organismos gubernamentales y de representantes de la sociedad civil, del sector privado y de especialistas con amplios conocimientos en el tema.
Aprendiendo de la experiencia del Pacto Educativo, las consultas para este tema deben tener un alcance nacional, incorporando la participación de las diversas organizaciones sociales que trabajan el tema del desarrollo. Este debe ser un proceso de participación y educación cívica en el que a la búsqueda de jugosas ganancias, se deberá anteponer la solución real al problema eléctrico. El país daría un enorme salto cualitativo si sus fuerzas políticas y sociales son capaces de crear las condiciones para superar un problema que ha afectado durante generaciones.
