El presidente Danilo Medina hace serios esfuerzos en encontrar una solución a los problemas generados por la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional, la cual afecta la vida de miles de personas de ascendencia haitiana a las que se les niega el derecho fundamental a una identidad. Estas personas no dicen ser dominicanas, como de forma mal intencionada opinan algunos radicalizados analistas, la dominicanidad es una condición que les corresponde por haber nacido aquí y contar con documentos que les había entregado el Estado, respetando lo que establecía la Carta Magna hasta 2010.
La acción del Constitucional viola los derechos adquiridos de una gran cantidad de dominicanos y dominicanas y mete al país en problemas sin precedentes ante la comunidad internacional. El Estado lleva más de seis meses tratando de explicar y defender lo que a todas luces es un claro atropello al derecho a la nacionalidad de estos ciudadanos. Los argumentos esgrimidos no convencerán a nadie en el extranjero, mientras que en los hechos a un grupo significativo de dominicanos se les impide trabajar, estudiar o salir del país, porque no cuentan con un acta de nacimiento o una cédula de identidad.
Las bravuconadas o la defensa de una soberanía mal entendida, sólo contribuyen a enrarecer el ambiente y a bloquear la posibilidad de una solución a este grave problema. Los tomadores de decisiones deben abandonar esas posturas extremas y comprender que como país formamos parte de un mundo cada vez más globalizado y que somos signatarios de convenciones internacionales sobre derechos humanos que debemos respetar. El fanatismo debe dejársele a esos grupos ultranacionalistas portadores de un discurso-ficción que apuesta al caos. El liderazgo nacional, en los partidos políticos y el Congreso, debe actuar con madurez y respaldar la iniciativa presidencial de una ley especial que proteja a los afectados por la sentencia 168-13.
Como lo ha dicho el propio presidente Medina, la solución a esta situación tendrá que ser respetuosa de los derechos humanos y estar basada en lo que establece la Constitución. La clase política no puede permitir que se le dé más largas a este problema. Es necesario que asuma la responsabilidad de una respuesta consensuada que demuestre a las familias afectadas y a la comunidad internacional, que aún preservamos la razón y que existe un compromiso real de constituir un Estado social y democrático de derecho. Esto es dar una mano al Presidente en la solución de un problema, creado por unos pocos, pero que afecta a todo el Estado y que requiere una salida humanitaria.
