El año que casi concluye se caracterizó por algunos avances en materia política y por los esfuerzos del Gobierno de enfrentar la deuda social que aún existe en el país. Se destaca el cambio de estilo en la gestión de gobierno. El actual se percibe como un Presidente mucho más austero y cercano a la gente, con una gran capacidad para escuchar como pasa en las visitas a las comunidades o como aconteció con el caso de Bahía de las Águilas. Se valoran como positivos los esfuerzos realizados por mejorar la calidad de la educación, reducir el índice de analfabetismo y por lograr una mejor distribución de la inversión pública a nivel territorial.
Lo anterior ha hecho posible que a lo largo del año, el presidente Medina mantuviera muy altos niveles de popularidad. Es el Presidente mejor valorado en todo el continente americano. Sin embargo, muchos de estos cambios se dan sin una transformación real de la institucionalidad en el país. En esta materia seguimos teniendo grandes retos, los cuales no fueron asumidos en este año 2013.
Persiste prácticamente el mismo equipo de funcionarios de la pasada gestión del presidente Fernández y no se ha cumplido con la promesa de una mayor equidad de género a nivel de los puestos públicos de mayor relevancia. Por otro lado, no se han llevado a cabo cambios importantes para transformar la estructura clientelar del Estado. Continúa una nómina supernumeraria y las reformas pendientes para una gestión pública moderna y profesionalizada no avanzan. La macro-estructura del Estado sigue siendo la misma. En el sector público nos encontramos con una serie de instituciones que compiten entre sí o que no tienen razón de ser, más que la de ofrecer puestos de trabajo a los compañeros del partido y a las organizaciones políticas aliadas.
En este período se mantuvo la debilidad y falta de independencia de las instituciones del Estado que deben servir de control y de fiscalización. Prueba de ello es la incapacidad del Congreso Nacional de jugar el rol que le corresponde constitucionalmente. A esto se suma la debilidad de la Cámara de Cuentas, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo. Si a esto le sumamos la crisis de los partidos políticos de oposición, debemos concluir que el partido oficial gobierna sin contrapeso, lo que es muy grave para la salud de la democracia.
Teniendo como base la Estrategia Nacional de Desarrollo, el próximo año se deben dar pasos dirigidos a consolidar la institucionalidad democrática, como una manera de hacer sostenibles los cambios en la sociedad dominicana.
