Si en algo han sido exitosas las administraciones peledeístas es en “fabricar” a golpe de opiniones parcializadas la imagen de que saben hacer las cosas bien y de que cualquier asunto en manos del Estado a su cargo, será mejor que en manos del sector privado.
Esta premisa no solamente es falsa sino que es particularmente peligrosa, puesto que no solamente está contribuyendo a que se tomen decisiones sin la debida ponderación y control, sino que está generando un sesgo negativo frente al sector privado.
Pongamos el caso del sector eléctrico dominicano. No ha habido un contrato de venta de energía de los que tantas críticas han recibido, que no haya sido suscrito con el Estado.
Sin embargo, en vez de haber derivado consecuencias contra los funcionarios que aprobaron los supuestos malos contratos, únicamente se ha satanizado a las empresas contrapartes, independientemente de que haya motivos o no para hacerlo y paradójicamente nada se dice sobre los que irresponsablemente decidieron acuerdos perjudiciales para el país, o sobre la posible corrupción que pudo haber empujado tales decisiones.
Las actuales autoridades decidieron invertir en la construcción de dos plantas a carbón, vendiendo la falsa idea de que con esto el problema eléctrico del país quedará resuelto, lo que sabemos no es el caso, pues si bien contribuirá a abaratar los costos de generación, si no mejoramos el cobro y las redes de distribución seguiremos con el insostenible subsidio.
Aunque originalmente se habló de un costo inferior para la construcción de las dos plantas con una capacidad total de 769.8 MW, el monto publicitado más recientemente fue de que costarían US$1,945 millones, acabándose de aprobar sin lectura, revisión y sin enviar a comisión un préstamo por US$2,040 millones para dicha construcción en la Cámara de Diputados; sin reales explicaciones sobre los costos y compromisos envueltos.
Dada la fatídica historia de los contratos en el sector eléctrico y la trascendencia aún mayor de este contrato dado que es el Estado quien está asumiendo los costos y la carga del financiamiento, es injustificable el escaso debate y la rapidez en la aprobación.
De haberse tratado no un proyecto de Estado sino de uno privado, probablemente que la historia hubiera sido otra. Habría habido eternas discusiones sobre la inviabilidad de la construcción en los terrenos previstos, la imposibilidad de obtener la licencia ambiental, los onerosos compromisos que acarrea y hubieran proliferado las protestas por los daños que causarían a las comunidades aledañas y a la provincia de Baní dicha construcción.
Los contratos y proyectos no son buenos o malos dependiendo de si los promueve el Estado o el sector privado, sino en base a análisis objetivos que determinen su conveniencia o no para el país y deben ser analizados, debatidos y aprobados con la debida ponderación, no estampando un simple sello gomígrafo.
Debemos tener una misma vara para medir todas las decisiones y cuidar que cada una de ellas sea lo que más convenga al interés nacional, para no tener que arrepentirnos mañana de que no solo tomamos decisiones equivocadas siguiendo como borregos a las autoridades de turno, sino de haber matado la indispensable iniciativa privada. l
