El Gobierno dominicano ha conformado una comisión para elaborar un proyecto de reforma del Código Laboral. Los representantes de los trabajadores han alertado sobre la posibilidad de la eliminación de los derechos adquiridos que se derivan de las prestaciones laborales (preaviso y cesantía). El Conep ha planteado que el sector empresarial no ha sugerido la eliminación de la cesantía. Los expertos en legislación laboral han indicado que no favorecen una reforma del Código, pues la misma no incidirá en la creación de empleos. Los representantes de los desempleados no han expresado opinión todavía. En realidad, no existen.
Tratemos de describir de la manera más sucinta posible la situación actual del mercado laboral en el país. Los salarios pagados en RD están por debajo del promedio de la región. Sin embargo, los sobrecostos laborales que se calculan sobre la base del salario del trabajador, tales como cotizaciones al sistema de pensiones, seguro familiar de salud, seguro de salud complementario (en algunos casos), seguro de accidente de trabajo, Infotep, bonificación, salario de Navidad, vacaciones, preaviso y cesantía, equivalentes según un estudio de Adecco del 2009 a 65% del salario (otros estudios lo sitúan entre 47% y 58%), se encuentran entre los más altos de la región. Cuando se incluyen los sobrecostos laborales, el salario mínimo efectivo en RD es similar al de Chile y supera ligeramente el promedio de la región.
La bajísima calidad que exhibe el sistema educativo dominicano hace prever que la productividad de la mano de obra en el país está por debajo del promedio de la región. La tasa de “asalarización” -el porcentaje de los ocupados que devenga un salario-, es de apenas 56.5%, una de las más bajas de la región.
RD tiene la tasa de desempleo más elevada del continente, 15% en la encuesta de abril del 2013. De la fuerza laboral que está ocupada, un 55.7% trabaja en el sector informal. El 74.4% de los 948,199 empleos que se crearon entre octubre del 2010 y octubre del 2012, fueron empleos informales. Eso explica en parte el porqué el 71% de los ocupados no contribuyen a la seguridad social.
El sistema vigente de prestaciones laborales estimula la baja productividad cuando el trabajador, muchas veces motivado por necesidades económicas, desea ser liquidado para recibir la totalidad de sus prestaciones. La existencia de las prestaciones laborales estimula también la informalidad dentro del propio sector formal cuando las empresas, para evitar una elevada acumulación de pasivos contingentes derivados de las prestaciones laborales a que tiene derecho el trabajador, optan por pagar parte del salario en efectivo, fuera de libros, afectando no sólo la recaudación tributaria sino también las cotizaciones a la seguridad social.
El objetivo de la reforma debe ser el de estimular la creación de empleos, especialmente en el sector formal de la economía, elevar la productividad del trabajo y mejorar los salarios que reciben los trabajadores.
El aspecto más importante de la reforma es el relativo a las prestaciones laborales. Muchos empresarios consideran que mientras se mantenga el sistema de prestaciones, coexistiendo con los demás sobrecostos laborales, las posibilidades de crear empleos en la magnitud que requiere la economía dominicana, serán mínimas. Los trabajadores entienden que esas prestaciones son derechos adquiridos y no están en disposición de cederlos.
Se va a requerir de una buena dosis de sentido común y buena voluntad de todas las partes involucradas en el proceso de reforma para articular una propuesta donde las partes perciban que la reforma es beneficiosa para todos.
Lo primero que se requiere es que el sector empresarial perciba al trabajador no sólo como trabajador, sino también como consumidor de los productos que las empresas venden. Si los salarios son muy bajos, las ventas también serán bajas, limitando los beneficios y las posibilidades de crecimiento de las empresas.
Lo segundo es que los trabajadores entiendan que es posible ceder derechos y terminar igual o mejor si se establecen mecanismos de compensación justos para los trabajadores y viables para los empresarios.
Es muy importante que antes de iniciar el diálogo entre empresarios y trabajadores, las partes dejen a un lado los prejuicios que pueden tener una de la otra y entiendan que ambas son socias en la empresa que se llama República Dominicana. Si al país le va bien, con un sistema justo de distribución de los ingresos, a los trabajadores y a los empresarios también les irá bien. Ambas partes, los trabajadores ocupados y los empresarios deben reconocer que tienen una hipoteca social con los 702,981 desempleados que quieren obtener un trabajo decente y no lo encuentran, y con los cientos de miles que trabajan en la informalidad percibiendo salarios y/o ingresos de sobrevivencia. Son ellos, fundamentalmente, los que deben merecer la prioridad en el diseño de la reforma laboral.
¿Existe alguna forma de abordar el tema de las prestaciones sociales y laborales que pueda ser aceptable para las dos partes? Entendemos que si. Aquí va una propuesta para que las partes ponderen.
Las empresas calcularían el valor total de los pasivos contingentes representados por las prestaciones laborales de sus trabajadores, bajo el supuesto de que todo el personal fuese a ser despedido por la empresa.
Teniendo en cuenta que en realidad no todo el personal de una empresa termina siendo despedido, ya que una parte, aunque minoritaria, renuncia para cambiar de trabajo o por otros motivos, las partes acordarían el porcentaje de las prestaciones acumuladas que las empresas reconocerían. Supongamos que las partes acuerdan reconocer el (100 – y)% del total de las prestaciones laborales acumuladas, donde “y” es el descuento que los trabajadores aceptarían que las empresas apliquen.
Las empresas acordarían con los trabajadores transferir el (100 – y)% del total de las prestaciones laborales acumuladas a la fecha de la aprobación de la reforma a su cuenta de capitalización individual en la AFP para añadir su Fondo de Pensiones, a una cuenta de cesantía que se crearía en la AFP para nutrir su Fondo de Cesantía, o a ambas en la proporción que el trabajador, con exclusividad y total libertad, decida. Las AFP invertirían los recursos del Fondo de Cesantía en los mismos instrumentos de inversión autorizados por la Sipen, teniendo en cuenta que los trabajadores podrían retirar los recursos que aporten al Fondo de Cesantía cuando lo deseen. Para obtener la liquidez necesaria para atender los posibles retiros del Fondo de Cesantía, las AFP podrían vender parte de las inversiones de dicho Fondo en el mercado secundario, lo que contribuiría a fomentar un mercado secundario más activo y con el tiempo, más profundo.
La transferencia a las cuentas de capitalización individual y/o de cesantía deberá realizarse en un plazo máximo de tres años, a razón de 33% por año, teniendo las empresas la libertad de realizar la transferencia en un período menor de tiempo.
¿De dónde sacarán las decenas de miles de empresas formales del país la liquidez para transferir el porcentaje acordado de las prestaciones laborales a las AFP que le indiquen los trabajadores? Aquí es donde entran los bancos. Los bancos de servicios múltiples otorgarían a las empresas el financiamiento necesario a una tasa de interés atractiva teniendo en cuenta que una parte considerable de los recursos desembolsados a las empresas terminarán regresando a los propios bancos en forma de certificados financieros que abrirían las AFP, más ahora que el Gobierno ha decidido colocar más títulos de deuda en los mercados globales para aprovechar las menores tasas de interés que requieren esos mercados vis-a-vis el mercado local.
Aprobada la reforma, no se acumularían más pasivos contingentes por prestaciones laborales ya que las mismas quedarían eliminadas de la legislación laboral. Dado que la eliminación del preaviso y la cesantía permitiría reducir los sobrecostos laborales en un “x%”, y dado que resulta previsible una mejora en la productividad del trabajador al eliminarse un derecho que puede inducir a la baja productividad para motivar su despido por parte de la empresa, los empresarios, conscientes de que los trabajadores son también consumidores, deberían estar dispuestos a ofrecer, con la entrada en vigencia de la reforma, un aumento general de salarios de “x%”, el mismo porcentaje en que se reducen los sobrecostos laborales al eliminarse el preaviso y la cesantía. De esa manera, los derechos que el trabajador estaría cediendo terminarían siendo compensados por un ajuste salarial que les colocaría en el bolsillo, todos los meses, un dinero que iba a una cuenta de cesantía en la empresa en la que trabaja y que no redituaba intereses. La empresa debería aceptar el trato teniendo en cuenta que se le ha permitido aplicar un descuento de “y%” sobre el pasivo contingente que tenía producto de las prestaciones laborales acordadas.
Fruto de la reforma, los trabajadores terminarían con un mayor salario, con el (100 – y)% del valor de sus derechos de cesantía trasladados a fondos de pensiones o de cesantía en las AFP, donde obtendrían un rendimiento anual promedio muy por encima del 0% que obtienen actualmente y del que obtendría el trabajador si recibe su liquidación e invierte en un CD en un banco. Las empresas operarían en un mercado laboral más flexible, se beneficiarían del aumento de la productividad y de un creciente número de consumidores con un mayor poder adquisitivo, lo que elevaría la demanda agregada y estimularía el crecimiento económico. La mayor flexibilidad del mercado laboral estimularía a las empresas formales a contratar más personal, especialmente jóvenes, lo que contribuiría con el esfuerzo del Gobierno para reducir el desempleo, y por tanto, la criminalidad y la delincuencia.
La enorme cantidad de recursos que recibirían las AFP, permitiría elevar la magnitud de los fondos de pensiones y los fondos de cesantía, lo que proveería mayores fuentes de financiamiento a mediano y largo plazo para el desarrollo de proyectos de inversión privada y pública, coadyuvando al crecimiento y desarrollo económico y social de la nación.
Finalmente, la eliminación de las prestaciones laborales reduciría los inventivos de las empresas formales a operar con dos nóminas, una formal y otra informal, lo que elevaría la base tributaria para la aplicación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, mejorando las recaudaciones, así como el salario cotizable promedio para la cotización a la seguridad social (pensiones y seguro familiar de salud). A esto habría que agregar el efecto positivo sobre la actividad económica, las recaudaciones de la seguridad social y los ingresos tributarios que produciría el aumento general de salarios.
