En un reciente informe, las organizaciones Participación Ciudadana y Oxfam Internacional, presentaron los resultados de una investigación sobre la situación en que se encuentra el Estado Dominicano en cuanto a su organización interna. En diversas oportunidades hemos señalado que uno de los principales retos pendientes es el de repensar el sector público en nuestro país. Este nuevo aporte de las organizaciones de Sociedad Civil, deberá contribuir a que se hagan las transformaciones necesarias para que el Estado pueda desempeñar su rol como garante de los derechos políticos, sociales y económicos de los ciudadanos.
En el documento “Estructuras del Estado Dominicano: Hacia una renovación pertinente” se destaca la influencia que el caudillismo y el clientelismo político han tenido en la conformación del Estado a lo largo de nuestra historia política. Las bases del Estado clientelar y rentista siguen intactas y aún no se perciben esfuerzos reales para transformarlas. El informe destaca que desde 1962, el desarrollo organizativo del Estado dominicano ha consistido en la suma creciente de instituciones, al extremo de que más de 4,500 órganos y organismos dependen del Poder Ejecutivo. Se indica que en cada período de gobierno, se agregan nuevas instituciones que compiten entre ellas, con el único fin de proporcionar favores y compensar lealtades de la militancia partidaria.
Desde hace algo más de una década hemos tenido importantes reformas en esta materia, entre las que se destacan la ley de Función Pública (41-08), la de Regulación Salarial del Estado Dominicano (105-13) y la Ley Orgánica de la Administración Pública (247-12). Sin embargo, este es un tema que no está siendo prioridad en la agenda pública. Prueba de ello es que aún no se ha aprobado el reglamento de la ley 247-12 o que se avanza muy poco en la carrera administrativa. Si no se dan pasos hacia la efectiva implementación de las reformas políticas e institucionales del Estado, muchos de los esfuerzos que está haciendo el gobierno en otras áreas, no tendrán sostenibilidad.
Uno de los objetivos fundamentales de la Estrategia Nacional de Desarrollo es el de lograr una Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Avanzar en esta dirección supone redefinir la estructura orgánica del Estado y hacerla más racional, de manera que se evite la duplicidad de funciones en las instituciones públicas. Se requiere además, reducir las abultadas nóminas de empleados en diversas instancias, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores. En fin, es necesario asumir el firme compromiso de cumplir con las disposiciones de la ley de Función Pública y de las otras reformas aprobadas.
