El ambiente es de reforma fiscal. Sin embargo, la dirección de la reestructuración es incierta. Los empresarios claman por una reforma integral donde se priorice el control del gasto público, pero el estado de las finanzas públicas sugiere también aumentar los ingresos.La tendencia decreciente de la presión tributaria de los últimos cinco años agrega un elemento de recaudación a la virtual modificación a la estructura impositiva del país.
En un escenario donde se habla de un déficit fiscal sobre los RD$60,000 millones, plantear una reforma de carácter restrictivo primordialmente, parece anticipar el inicio de un fuerte y amplio período de negociación, porque las necesidades financieras del Gobierno (principalmente del entrante, que heredará el hoyo fiscal) no son compatibles con una reforma que se centre en racionalizar el gasto.
El año pasado, cuando el Gobierno cosechó cinco meses de una reforma apresurada para corregir un incremento del déficit fiscal, la presión tributaria cayó en fracciones, manteniendo una tendencia iniciada en el 2007.
La presión tributaria es la proporción del producto interno bruto (PIB) que el Gobierno recauda en impuestos. Esa proporción está actualmente en 12.7%, y las metas del Gobierno son llevarla a 16% en el mediano plazo.
Pero según comentó recientemente el director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, el aumento de la presión tributaria no se logra únicamente con eficiencia en las recaudaciones, sino que requiere de una reforma tributaria.
Sin embargo, hablar de reforma tributaria es poner al sector privado en posición de combate. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) hasta la más pequeña agrupación que integra ese gremio, han asumido como punto de proclama que cualquier reforma debe ser integral, con lo que dejan claro que los cambios deben abarcar tanto la parte de ingresos como de gastos.
El centro del planteamiento del sector privado es que haya una mejoría y control del gasto público.
En el sector público, al menos en las autoridades fiscales de los últimos ocho años, ha primado la idea de que en el país existe un elevado monto de gasto tributario, que es como definen a los ingresos que el fisco pierde por exenciones, exoneraciones y otras facilidades impositivas que se aplican. Para el año en curso, el Ministerio de Hacienda ha estimado un gasto tributario por unos RD$119,000 millones, un monto que representa más del 27% del presupuesto original del 2012.
Dentro de las medidas que el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional durante el acuerdo Stand by que concluyó el 9 de enero pasado, se incluía la racionalización y administración de las exoneraciones. El control pasó al Ministerio de Hacienda.
El propósito de esos compromisos, basados en medidas de política y de administración tributaria, era volver a alcanzar una presión tributaria de 15% en un período de tres años. Y dentro de ese plan se aplicaron varias disposiciones legales, que incluyeron la ley 297-10, del Presupuesto General del Estado para el 2011,que dispuso el cobro del ITBIS en la DGA a las importaciones de insumos y maquinarias de las empresas acogidas al régimen de Proindustria y la transferencia a la Tesorería Nacional del 50% de los recursos generados por la Contribución para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), cobrados por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Esa transferencia representa unos RD$700 millones anualmente.
Posteriormente se aprobó la Ley 139-11, la cual estableció un conjunto de medidas tributarias, permanentes y transitorias, que buscaban incrementar la presión tributaria en 0.4% del PIB. El propósito era destinar mayores recursos a la educación y compensar una caída en los ingresos fiscales estimados para ese año. El paquete incluyó gravar las ventas locales de las zonas francas con un 2.5%, aumentar las retenciones del impuesto sobre la renta a los proveedores del Estado de 0.5% a 3.0% y la centralización en una misma normativa del régimen impositivo sobre las apuestas y los juegos de azar. También se aprobó aumentar el impuesto sobre la renta a las empresas de 25 a 29% y aplicar un impuesto del 1% sobre los activos financieros productivos netos de las instituciones financieras. Estos dos últimos aspectos, que son los de mayor rendimiento de esa reforma, son transitorios, por dos años.
Resultado ley 139-11
El fruto de ese paquete, por la aplicación de agosto a diciembre del año pasado, fue de RD$4,662.6 millones. El estimado anual es de RD$9,500 millones.
La recaudación adicional que aportó la Ley 139-11 no impidió que la presión tributaria siguiera la tendencia decreciente iniciada en el 2007, cuando fue de 16%. El año pasado fue de 12.7%, ligeramente menor al 12.8% del 2010.
Según el Ministerio de Hacienda, la depresión tributaria inició en el 2007, por la aplicación de una serie de medidas de política tributaria de origen y propósitos distintos, como “la entrada en vigencia de acuerdos de libre comercio” con Estados Unidos y Centroamérica (DR Cafta), con la Unión Europea y la Comunidad del Caribe, un acuerdo parcial con Panamá, así como la aprobación de leyes que eliminan impuestos, reducen tasas impositivas o generan gastos tributarios. Esas disposiciones “contrarrestaron el conjunto de medidas de política y administración tributaria llevadas a cabo entre el año 2004 y 2006 que aumentaron en más de tres puntos porcentuales la presión tributaria”.
Con medidas que no han podido restablecer el nivel perdido de presión tributaria, y ante un creciente déficit fiscal donde para enfrentarlo no es suficiente sólo reducir gastos, el dilema es cómo generar más ingresos.
92%
De los asalariados está exento del ISR de un universo de 1,515,360 empleados, según el Ministerio de Hacienda.
59,957
personas figuran o están registradas como trabajadores por cuenta propia, según ndican cifras oficiales.
Los ojos “fiscales” se fijan en muchas áreas
Desde hace tres años el área fiscal del Gobierno ha estado poniendo la vista en el gasto tributario y analizando posibles áreas o actividades pasibles de ser gravadas. Un análisis del experto Edgar Morales, colgado en la página electrónica del Ministerio de Hacienda, titulado “Aspecto de equidad del Sistema Tributario Dominicano”, hace algunas alusiones que pudieran ser reflejo de hacia dónde se dirigen las exploraciones impositivas.
En el enfoque ITBIS: equidad y cohesión social”, pregunta si ¿hay espacio para ampliar la base gravable? , cita que las boletas a espectáculos deportivos, conciertos, cines, teatros y otros eventos están exentas de ese impuesto, y que esas actividades son consumidas por la población de mayor nivel de ingresos. También destaca que “la cantidad de productos alimenticios exentos es muy amplia” y que se pueden delimitar las exenciones solo a los productos de la canasta básica, pudiéndose incluir algunos cereales, galletas, productos de repostería, embutidos, quesos y otros derivados lácteos (como helados y yogur, excluyendo la leche).
Desequilibrio
El descenso de la presión tributaria sigfnifica que todavía los ingresos crecen a una tasa inferior a la de la economía
Meta
La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) establece elevar la presión tributaria en tres puntos en el corto plazo
Plazo
Dos de los impuestos de la reforma hecha por la ley 139-11 perimen dentro de trece meses, porque su vigencia es de dos años
