Un nuevo gobierno representa siempre una oportunidad para la esperanza. Esto es muy importante en una sociedad donde existe un desencanto generalizado con la política y sus posibilidades reales de transformar la realidad social y económica adversa, en la que vive una gran parte de la población. Es bueno un poco de ilusión, en un país en el que predomina el desinterés ciudadano en lo público. Son bienvenidas nuevas expectativas sociales, en una nación donde impera el desaliento provocado por funcionarios públicos, que concentrados en hacer de la ocasión un buen negocio, renuncian a su rol de trabajar por el bien común.
La verdad es que la historia política post-dictadura, parece no dejar lugar a nuevas ilusiones de cambios en nuestra sociedad. La esperanza colectiva abortada en septiembre del 63, malograda en abril del 65, impedida en junio del 66 y defraudada a partir del 78, confirma para muchos la tesis de la inviabilidad de un proyecto de nación que tenga como centro el desarrollo con equidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Lidiar con este desencanto social y recuperar la confianza ciudadana se constituye en el principal reto de las nuevas autoridades.
Para ello, el gobierno recién instalado deberá proponerse romper con el modelo autoritario-conservador de gestión del Estado, el cual ha predominado durante décadas en nuestro país y al que se han aferrado las nuevas generaciones de políticos. Se requiere de políticas públicas que tengan como centro mejorar la calidad de vida de la gente y no la construcción de grandes obras que propician la acumulación de riquezas de un grupo en el poder.
La población no sentirá sus esperanzas frustradas, si los nuevos políticos al frente del Estado, son capaces de situar el fortalecimiento de las instituciones democráticas por encima de cualquier proyecto personalista que procure perpetuarse en el poder. Confiamos en que es posible hacerlo bien, pero se requerirá de la voluntad política para que las reformas legales realizadas dejen de ser letras muertas. Aspiramos a la coherencia entre el discurso y la práctica oficial.
El inicio de una gestión es una nueva oportunidad para la clase política. Urge que el Estado asuma su rol de ser garante de los derechos fundamentales de la gente. Sabemos que existe una situación de deterioro económico e institucional que dificultan muchas de las iniciativas prometidas. Esto implica que el nuevo gobierno tendrá que actuar con absoluta transparencia sobre lo encontrado y deberá involucrar a los distintos sectores en la búsqueda de soluciones a los principales problemas que tiene el país.
