CARACAS, Venezuela— La salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se concretó este martes, ha generado posiciones encontradas entre el gobierno, organizaciones humanitarias y entes internacionales, mientras activistas advierten que la situación enciende las alarmas sobre este país.
Entre preocupación y dudas fue recibida el martes por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y algunas organizaciones humanitarias locales e internacionales, la denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acción que se concretó en esta fecha luego de un año de preaviso.
El canciller Elías Jaua desestimó el martes los cuestionamientos a la decisión del gobierno, e instó a la Corte y la Comisión a que rectifiquen y se coloquen «al servicio de los derechos humanos de los más humildes de este continente», y «no de las corporaciones mediáticas, no de los grandes grupos económicos, no de los sectores políticos de la derecha».
Jaua dijo en conferencia de prensa difundida por la televisora estatal, que la Corte y la Comisión han tomado en los últimos años decisiones contra el gobierno venezolano, y sostuvo que la mayoría de los casos que conocen esas instancias sobre Venezuela son de «actores políticos», «terroristas» y «corruptos».
«La mayor garantía para los derechos humanos del pueblo venezolano es la revolución bolivariana», indicó el canciller al asegurar que las autoridades venezolanas están comprometidas a «redoblar nuestros esfuerzos por fortalecer la protección» en materia de derechos humanos.
La decisión del gobierno dejó a Venezuela fuera de la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basada en San José, Costa Rica, que ya no estará facultada para conocer cualquier caso de violación de derechos humanos que ocurra en el país a partir del 10 de septiembre, pero deja abierta la opción para que cualquier denuncia sea llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basada en Washington, que podrá dictar medidas cautelares de protección.
Venezuela y Trinidad y Tobago son los únicos países miembros de la OEA que han denunciado la Convención Americana. Trinidad y Tobago salió de la tutela de la Corte en mayo de 1999 luego de cuestionar algunas sentencias del organismo sobre la aplicación de la pena de muerte en ese país.
La Organización de Naciones Unidas se convierte ahora en la principal opción que tendrán las víctimas y sus familiares para llevar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, reconocieron activistas consultados por la AP.
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos manifestó el martes su preocupación por la denuncia por parte de Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos, y exhortó a las autoridades locales y el resto de los países de la región a seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos fundamentales.
El portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Rupert Colville expresó, en un comunicado que fue emitido desde Ginebra, que la medida adoptada por Venezuela tendrá un impacto «muy negativo» en la situación de los derechos humanos en el país y la región, y urgió al Ejecutivo venezolano a no tomar ninguna medida que debilite la protección de los derechos humanos.
La Comisión dijo el martes en un comunicado que «ello va en detrimento de la protección de los derechos humanos de los y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección».
La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas manifestó en un comunicado que la decisión de Venezuela representa un «retroceso para la protección de los derechos humanos en la región», y recordó que la denuncia de la Convención Americana está precedida en los últimos años por un «incumplimiento de la mayor parte de las sentencias y medidas de protección emitidas por la Corte Interamericana».
La directora de la ONG local Comité de Familiares y Víctimas del 27 de febrero de 1989 (Cofavic), Liliana Ortega, afirmó que la decisión venezolana «coloca altavoces al tema de derechos humanos sobre Venezuela», y dijo a la AP, en entrevista telefónica, que el cierre de la opción de justicia de la Corte viene a «acrecentar el déficit institucional» en Venezuela.
Ortega señaló a partir de ahora la ONU tendrá una «doble responsabilidad sobre Venezuela porque al cerrarse está opción de justicia de la Corte Interamericana creo que Naciones Unidas va a tener que poner mucho mayor atención y las ONG tendremos que acudir más a Naciones Unidas».
