La República ha dado saltos institucionales enormes para habitar en el mundo de la modernidad, pero en muchos casos, simplemente ha creado el cascarón de la misma para ir alojando los instrumentos y medios que permitan algún día materializar un verdadero Estado de derecho.
Un ejemplo de eso es el aspirado sistema de protección de víctimas y testigos previsto en la Constitución y en las leyes. El Ministerio Público, como responsable de la política criminal, tiene entre sus misiones la protección de las víctimas y testigos.
¿Pero qué ha ocurrido? Simplemente, lo que apuntábamos al principio, que desde el punto de vista discursivo, conceptual, legal y constitucional, la República está perfectamente organizada desde una visión de Estado moderno, pero en la práctica muchas obligaciones y atribuciones no se ejecutan.
La reportera Julia Ramírez ha evidenciado que el Estado, a través del Ministerio Público, apenas tiene una caricatura de política de protección a las víctimas y dramáticamente una ficción de sistema de protección de testigos, pese a que el país está en un área de alta sensibilidad de tráfico de drogas y demás ilícitos vinculados. Nadie ignora la capacidad de coacción de los narcotraficantes sobre víctimas y testigos.
Sin embargo, el Estado no tiene las respuestas adecuadas de protección de valiosos testigos, por la inexistencia de un régimen de protección verdadero. Por esas y otras razones, las autoridades son proclives a favorecer que sea la justicia norteamericana la que maneje casos mayores que debían corresponder a la jurisdicción nacional.
Con relación a las víctimas de la violencia intrafamiliar, nos encontramos con una situación también dramática. Muchas mujeres no encuentran los medios ni las respuestas cuando sus compañeros las someten a abusos o a un estado de permanente amenaza. Más que una simple “atención”, se requiere un programa que ataque lo que ya es una epidemia, que entrañe opciones más allá de un hogar en conflicto, potencial escenario de luto.
La Nación requiere un programa verdadero de protección de víctimas y testigos. Corresponde a la Procuraduría General de la República liderarlo con más calidad.
