Probablemente no se tenga más noticias sobre el asesinato aleve de la segundo teniente Mercedes del Carmen Torres Báez. Tampoco sobre sus supuestos victimarios, Juan Carlos de la Cruz Adames, y el menor de edad Walder Sánchez, abatidos en “intercambios de disparos”.
Queda en los registros la sugerencia del ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez, de que los agentes que matan delincuentes “en el cumplimiento del deber” no sean sometidos a la justicia. Probablemente pensaba en la institución de la defensa propia prevista en la ley. Aun en esa circunstancia, compete a la justicia decidir cualquier caso.
Pero las palabras del ministro, acogidas en medio de la indignación provocada por el asesinato de la agente Torres Báez y especialmente, los discursos sucesivos del procurador general de la República y la fiscal del Distrito Nacional sobre los uniformados envueltos en hechos de sangre, obligan a recordar que la República Dominicana, pese a estos lamentables acontecimientos, al menos desde el punto de vista institucional, dejó atrás el Estado policial.
Y especialmente, que todos los ciudadanos somos justiciables. Que es “de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones penales el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles previstas en el Código Penal y en la legislación penal especial, y la ejecución de sus sentencias y resoluciones…”.
Todos esos actores públicos saben muy bien que según el artículo 57 del Código Procesal Penal, las normas de procedimiento establecidas en ese código “se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen”.
Siendo así, resulta altamente peligroso que los excesos policiales puedan ser apañados por las autoridades en base a criterios de defensa propia sin que medie una decisión judicial.
Sólo habría que mirar el historial de nuestros cuerpos represivos. Sería volver a las cavernas.
